La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó hoy al Consejo Permanente de la instituciónl el Sexto Informe Trimestral de la gestión de la Misión en Honduras, en cumplimiento de los compromisos adquiridos a la firma del convenio entre la OEA y el Gobierno de Honduras.
El informe, que fue presentado por Luiz Marrey, Vocero de la Misión y Representante del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, expuso los logros y desafíos de la Misión entre octubre de 2018 y abril de 2019.
En ese período, se presentaron siete nuevos requerimientos fiscales por el Ministerio Público, con apoyo técnico y jurídico de la MACCIH: “Caja Chica del Hermano”, “ampliación del Caso Pacto de Impunidad”, “Licitación Fraudulenta del Instituto de seguro Social”, “Arca Abierta”, “Fraude sobre el Gualcarque”, “Patuca III” -Colusión y corrupción, así como el requerimiento de aseguramiento de bienes relacionados al cao Caja Chica de la Dama.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, resaltó los resultados ofrecidos por la Misión. “Valoramos el informe y el papel de la MACCIH en la lucha contra la corrupción, en especial, en la construcción de un sistema nacional anticorrupción que ha permitido la investigación de siete casos más de gran corrupción en estos últimos meses”, afirmó. “Con esto, ya son once los casos que los equipos integrados UFECIC – MACCIH han logrado judicializar desde su creación en el 2017”, agregó.
El Vocero de la Misión y Representante Especial del Secretario General, Luiz Marrey, afirmó en su presentación que “la MACCIH viene trabajando con mucha fuerza y fidelidad en los compromisos asumidos por la Secretaría General de la OEA. La Misión ha estado y seguirá altamente comprometida en seguir apoyando el trabajo del Ministerio Público y proponiendo el fortalecimiento del Estado de Derecho en Honduras. Y los resultados respaldan ese trabajo: según un sondeo de opinión pública, el 61,3 % de los hondureños quiere que la Misión continúe con su trabajo más allá de la conclusión del actual mandato en 2020”.
El Vocero de la MACCIH resaltó en su presentación los avances en el nuevo proyecto de Ley de Colaboración Eficaz, que sigue las recomendaciones de la Suprema Corte de Honduras. Al mismo tiempo, se presentó la propuesta de enmienda constitucional para hacer la previsión en la Constitución hondureña de las garantías clásicas de la magistratura, de manera a asegurar su completa independencia, como base del Estado de derecho.
En el marco del trabajo del Observatorio de Justicia Penal que la MACCIH impulsa junto a la sociedad civil de Honduras, el informe resalta la realización de foros ciudadanos para fortalecer las capacidades de la sociedad civil hondureña en el combate a la corrupción y a la impunidad con temas como: la ley de colaboración eficaz; grupos en situación de vulnerabilidad; independencia judicial; el acceso a la información pública; y un foro internacional para periodistas, sobre periodismo investigativo contra la corrupción.
En el período de referencia también se incluyó la presentación, por parte del equipo del CEJA (Centro de Estudios de la Justicia de Américas), del informe sobre la Justicia Penal en Honduras, fruto de más de un año de investigaciones de campo y que se constituye en parte de la contribución de la Misión al perfeccionamiento de estado democrático de Derecho en Honduras.
El informe resaltó también el trabajo de la División de Seguridad Pública de la MACCIH-OEA en la protección de periodistas, defensores de derechos humanos, comunicadores sociales y operadores de justicia, mediante el diagnóstico de percepción sobre la situación de los funcionarios y operadores del Poder Judicial y del Ministerio Público.
El reporte presentado por el Vocero Marrey incluyó una serie de recomendaciones entre las que se destacan solicitar el fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), así como de los Juzgados y Tribunales contra la Corrupción con Competencia Nacional, para garantizar su independencia y autonomía; la formulación de la ley de responsabilidad empresarial que constituirá el marco normativo para fortalecer los pactos contra la corrupción; y la implementación de un protocolo de protección de testigos, entre otras.