Adjudicarse un oneroso salario de 60 mil lempiras al mes fue la primera decisión que tomaron los miembros de la junta interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP), según lo confesado por Oscar Rivera, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre).
“Es lo primero que hicimos”, confesó el dirigente de Libre.
Con esto Rivera evidenció cual fue el principal punto de agenda de su “arduo” trabajo resuelto ya en esa compleja institución.
¿Estudiar o ser activistas?
Entre 50 y 60 mil lempiras será el jugoso salario que devengaran los miembros que, mediante componendas políticas, fueron electos para llevar a cabo la intervención al RNP.
La suma asciende al monto de 840 mil lempiras anuales para cada uno de los miembros de la junta, quienes ocupan cargos que hasta los momentos son por tiempo indefinido.
De manera insólita, el sueldo de los interventores supera lo que se le ofrece como base a un fiscal en el Ministerio Publico, evidenciando las incongruencias que se dan en un país donde se remunera de mejor forma a un activista que a un profesional.