Mediante una carta dirigida al presidente pro témpore del grupo de países cooperantes conocido como G-16, Pierre-Christian Soccoja, el titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, aclaró que contrario a lo que se piensa, ningún concesionario de contratos donde el Estado es socio puede aportar a campañas políticas, según se establece en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos conocida como Ley de Política Limpia.
En la misiva, Oliva detalla que eso deja por fuera a concesionarios de carreteras, puertos, aeropuertos o cualquier otro proyecto de gran envergadura, de la posibilidad de ser aportantes de un partido político.
Mediante la carta, Oliva también agradece enormemente todo aporte que pueda ofrecer cualquier organismo nacional o internacional para el enriquecimiento de una ley que se discute en el Poder Legislativo, sobre todo si esta se aprueba con el objetivo de fortalecer los procesos democráticos del país.
Recordó que en el caso particular de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de las Campañas Políticas, conocida con Ley de Política Limpia, se conformó una comisión especial de dictamen con diputados de todos los partidos políticos, y pidió que fuera presidida por un diputado de la oposición, cuya responsabilidad al final recayó en el diputado liberal, José Alfredo Saavedra.
Agrega que ellos analizaron tres documentos para crear el dictamen que fue discutido en el pleno, uno enviado por el Poder Ejecutivo hace dos años, otra propuesta por el diputado Edwin Pavón del partido Unificación Democrática (UD), hace un año, y una propuesta de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), entregada hace unos meses.
La ley que se aprobó con el voto casi unánime, más de 94 votos a favor, y con el apoyo de diputados de todas las bancadas, fue en un 95 por ciento lo que la MACCIH aportó a la comisión multipartidaria, y entiende que en base a análisis que sus asesores aportaron lo que en otros países ha dado resultado para transparentar los procesos y regular los aportes económico o en especie que reciben los partidos políticos.
Destacó que uno de los aspectos más importantes de esta ley que todos los diputados votaron, es que ningún concesionario de un contrato donde el Estado es socio, es decir, ninguna empresa que conformó una Asociación Público Privada o APP, puede ser aportante de algún partido político. Esto quedó prohibido en el artículo 24 de la nueva ley.
Explicó que esa medida de transparencia se tomó para evitar que una empresa que ya tiene negocios con el Estado se sienta tentada a aportar a algún partido político buscando beneficios adicionales a sus intereses o asegurar una ampliación de la vigencia los acuerdos.
Por ejemplo, ningún concesionario de puertos, aeropuertos, carreteras u otra obra de gran envergadura que el Estado impulsa en conjunto con la empresa privada, podrá convertirse en aportante de una campaña política. Esta es sin duda una medida de transparencia histórica para el país, aprobada por este Congreso Nacional, apunta Oliva en la carta.
Añade que se dejó abierto que un concesionario de servicios que son propiedad del Estado, como rutas de buses o taxis, o señales que utilizan los canales de televisión o emisoras de radio, si puedan aportar a los partidos, previendo que sobre todo en el interior del país muchos candidatos a cargos de elección popular tiene la posibilidad de movilizar a sus seguidores o dar a conocer sus propuestas de campaña a los electores, solamente porque reciben el aporte gratuito en especie de los dueños de autobuses o de espacios publicitarios en los medios de comunicación.
“Coincidimos, los jefes de bancada de todos los partidos y la junta directiva, que limitar esto habría puesto a los partidos pequeños en una posición de desventaja frente a los partidos grandes que sí tienen recursos para alquilar autobuses o comprar espacios publicitarios”, señala Oliva en la carta.
Considera que eso hubiese sido un grave golpe a la democracia nacional porque se fortalecerían más los partidos grandes y se debilitarían aún más las posibilidades de una victoria electoral de los candidatos de los partidos más pequeños.
Además, en esa ley se estableció un techo de ocho millones de lempiras como el máximo aporte que una empresa pueda dar a un partido político, es decir, no importa que tan grande sea una empresa, ahora ya no podrá hacer donaciones que superen esta cantidad, y deberá quedar registrado en el nuevo organismos dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la procedencia de esos fondos. Es decir se transparenta el origen y se limita las cantidades a aportar. Un gran avance para “limpiar la política” y fortalecer la democracia.
Recuerda que la soberanía de crear, reformar o derogar leyes le compete únicamente a los 128 diputados de las nueve bancadas que conforman el Congreso Nacional. “Nosotros ostentamos este honroso cargo porque los hondureños votaron por nosotros para cumplir con esta misión que nos confiere la Constitución”, acota Oliva.
Reitera que todo aporte que venga de afuera del Congreso Nacional para enriquecer una ley es bienvenido, pero la decisión final sobre lo que se queda como aporte y lo que se convierte en ley de estricto cumplimiento para todos los hondureños, recae únicamente en los diputados, que sopesan en base a su experiencia, lo que se pueda tomar de leyes que en otros países ha funcionado, y lo que se necesita modificar de esas experiencias extranjeras, para que se adecue mejor a la realidad nacional.
