La violencia homicida siguió desatada en 2016 en el llamado Triángulo Norte Centroamericano, que integran El Salvador, Honduras y Guatemala, donde 14.870 personas fueron asesinadas de acuerdo a las cifras oficiales.
El registro del año pasado evidencia una caída del 10,32 % en el número de homicidios si se compara con los 16.582 de 2015, según los datos de las autoridades, que atribuyeron el resultado a las políticas de seguridad que se desarrollan en cada país.
“La violencia medida por el número de homicidios se redujo en el año 2016 y es algo que hay que destacar, ya que es positivo, pero los números siguen siendo altos. Las tasas de homicidios son más elevadas que en otras regiones del mundo”, dijo a Acan-Efe el investigador del INCAE Business School, Ronald Arce.
Para el 2016 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se ubicó en 81,7 en El Salvador, en 58 en Honduras y en 27,3 en Guatemala, muy lejos de la de 10 que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) evidencia una epidemia de violencia.
El Triángulo Norte, un zona de casi 30 millones de habitantes, la gran mayoría pobres, está azotado por las peligrosas maras o pandillas, unas organizaciones criminales que cuentan con decenas de miles de miembros, armamento de guerra y que son señaladas por las autoridades como las principales responsables de la elevada criminalidad.
También es pieza fundamental en ese rompecabezas infernal el narcotráfico: América Central es usada como puente para los estupefacientes procedentes de Suramérica y que tienen como destino Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del planeta.
El narcotráfico, los homicidios, en mucho casos atroces, y otros delitos como extorsión son vinculados con las pandillas, que nutren sus filas de adolescentes, incluso niños, lo que impulsa el fenómeno de la emigración masiva hacia México y Estados Unidos, principalmente.
En el año fiscal 2016 (que va de del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016), 408.870 inmigrantes cruzaron la frontera suroeste de Estados Unidos y fueron apresados por la Patrulla Fronteriza, con aumento del 23 % respecto al año fiscal anterior, de acuerdo datos oficiales estadounidenses.
Amnistía Internacional (AI) alertó en un informe presentado en octubre pasado en Tegucigalpa que los ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras “luchan una batalla diaria por sobrevivir en medio de la omnipresente violencia, y a menudo su única opción es huir de sus países”, según el informe.
“Los altísimos niveles de violencia han provocado que cada vez más personas huyan hacia el norte para salvar la vida”, dijo la ONG global, que resaltó que, en ese escenario, la impunidad sigue “siendo la norma para la mayoría de los delitos y el acceso a la Justicia es un mero deseo”.
Para el investigador del INCAE, “la gobernabilidad y el respeto al estado de derecho son elementos que deberían ser considerados en cualquier estrategia” contra violencia que se desarrolle en el Triángulo Norte.
“La eficiencia del sistema policial y judicial, manteniendo el respeto a los derechos humanos, que permitan tener tasas bajas de impunidad, pueden generar las señales adecuadas para la sociedad”, aseveró Arce.
Para frenar la inmigración y atender otros problemas sociales en el Triángulo Norte, Estados Unidos aprobó 750 millones de dólares para el Plan Alianza para la Prosperidad que impulsan los tres países centroamericanos.
El presidente estadounidense saliente, el demócrata Barack Obama, opinó en octubre pasado que la estrategia para estabilizar las naciones del Triángulo Norte puede tardar “una década” en completarse.
El apoyo de Washington al Plan Alianza para la Prosperidad está garantizado, han sostenido funcionarios estadounidenses, en un intento por bajar la incertidumbre generada por la elección como presidente de EE.UU. del republicano Donald Trump, quien mantiene un marcado discurso antiinmigrante.
“Lo que pasará con el tema de la Alianza para la Prosperidad es sin duda una interrogante. Ahora bien, hay que considerar que este proyecto fue aprobado por ambos partidos en el Congreso de los Estados Unidos y, como tal, no puede ser modificado directamente por el Ejecutivo estadounidense”, señaló Arce.-(ACAN-EFE)