Mediante un comunicado el equipo legal que representa a las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres, así como al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ante el robo del expediente de la causa, en el momento que una de las magistradas de la Corte de Apelaciones se trasladaba en su vehículo particular en la ciudad de Tegucigalpa, a la opinión pública nacional e internacional informó y expresó lo siguiente:
A. Este hecho muestra que el Sistema de Justicia Hondureño, frente al crimen contra Berta Cáceres, maneja un discurso de mucha preocupación y celo por el caso, en contraste, la práctica de las distintas instituciones refleja que continúa imperando la misma “normalidad” que ha permitido impunidad en la mayoría de muertes violentas en el país.
B. Durante estos 7 meses, posteriores al crimen de Cáceres, hemos soportado la inexplicable e ilegal secretividad impuesta al caso y el silencio del gobierno ante el reclamo de aceptar la participación de una comisión independiente de la CIDH que transparente y contribuya a dar con la estructura criminal que ordenó la ejecución del asesinato
C. Es lamentable que muchos hechos relevantes del caso, como el robo del expediente, sólo lo hemos conocido después de haber sido publicados por los medios de comunicación. Es decir, las víctimas no tienen ninguna importancia para las instituciones del sistema de justicia hondureño.
D. A partir de lo poco que nos han permitido conocer del caso, pedimos al Ministerio Público, a la Policía Nacional y al Poder Judicial que se pronuncien de manera concreta sobre los siguientes extremos:
1. ¿Por qué en la prueba de intervención y vaciados telefónicos se excluyó de la investigación a los propietarios de la empresa DESA y se limitaron a involucrar a sus empleados?
· ¿Por qué no han atendido la información brindada por varios testigos que afirman que, mediante mensajes y llamadas telefónicas el Presidente del Consejo de Administración de DESA, amenazaba a Berta Cáceres antes de su asesinato?
· ¿Por qué no han atendido la información brindada por uno de los imputados y la testigo, ambos empleados de DESA, quienes afirmaron que el conflicto con Berta Cáceres y el COPINH fueron tratados a nivel del Consejo de Administración de DESA?
· ¿Por qué no nos permiten acceso a la información completa de esta prueba, para controlar y aportar técnicamente a la misma?
· ¿A quién protegen?
2. ¿Por qué no han dicho a qué miembro del ejército y a qué unidad estaba asignado el fusil M16, serie AL9580831, cuyas partes fueron encontradas en el allanamiento a la casa del exjefe de seguridad de DESA, Douglas Bustillo?
· ¿Por qué no han dicho nada sobre el resto de la indumentaria militar que le fue encontrada?, ¿Por qué protegen a las Fuerzas Armadas?
· ¿Qué tiene que ver esta aparente protección a las Fuerzas Armadas con el apoyo que esta institución le ha dado a la empresa DESA en el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, que incluyó la militarización del proyecto en río Blanco y el asesinato del líder indígena lenca Tomás García y la tentativa de asesinato en contra del niño lenca Allan Evey García, en 2015?
3. En relación al allanamiento de las oficinas de la Empresa DESA, en Torre Alianza 2, décimo piso, suite 1001, Tegucigalpa, el 02 de mayo, en la que se encontraba el señor Roberto David Castillo, identidad 0501-1980-06719, presidente del Consejo de Administración de DESA expresamos:
a. Conocemos que se encontraron dos computadores de escritorio y no se decomisaron.
b. La jueza ejecutora indicó a la defensa que no podían estar en las áreas sin revisar; no obstante, no se atendieron las instrucciones y entraron a oficinas y /o cubículos que todavía no habían sido inspeccionadas;
c. En el cuadrante F de dicha oficina, en el lugar denominado Gestión Social Ambiental Agua Zarca, los agentes observaron seis carpetas (Leitz) con documentación de DESA y no la revisaron ni decomisaron;
d. En el cuadrante H los agentes observaron varias carpetas (Leitz) con documentos y no los revisaron, ni decomisaron;
e. En los cuadrantes I, J y L se describe la observación de documentación y equipo de cómputo (no se especifica si es de escritorio o portátil), sin que los mismos hayan sido decomisados.
f. Se encontró indumentaria especial de las autoridades del Ministerio Público en dichas oficinas.
Esta información nos hace preguntar:
a. ¿Qué criterios se utilizaron para determinar qué documentación y equipo de cómputo se decomisaba y cuál no?
b. ¿Qué significa el hallazgo de una camisa polo, marca Olsey, del Ministerio Público, de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico que en la parte superior se lee Fiscal General, en su brazo izquierdo se observa la bandera nacional, y en la parte trasera se lee Policía Antidrogas, Ministerio Público – DLCN?
c. ¿Qué tiene que ver el Fiscal General con la empresa DESA?
d. ¿Qué relación tiene este hallazgo con la denuncia que oportunamente planteamos en torno a que fiscales y abogados de DESA tienen una relación de amistad?
e. ¿Por qué se permitió a los abogados y personal de DESA invadir las zonas que estaban siendo inspeccionadas y sólo se les reclama cerca de 7 horas después de estar desarrollándose el allanamiento?
4. En relación a la autopsia practicada a Berta Cáceres, también es válido preguntar:
a. ¿Por qué en el informe se omite indicar el procedimiento o técnica empleada para la práctica de la necropsia?
b. ¿Por qué se omite describir con precisión los aspectos externos en que se recibió el cadáver?
c. ¿Por qué se omite indicar si se efectuó otra documentación del procedimiento, por ejemplo: video, fotografía, diagramas?
d. ¿Por qué omiten señalar el procedimiento para embalar la evidencia balística recuperada?
e. ¿Por qué no permitieron el ingreso de un perito independiente a la autopsia, a pesar de haber sido solicitado?
f. ¿Qué confiabilidad se puede tener, luego que la defensa cuestiona que el arma decomisada en La Ceiba, realmente no les fue decomisada a ellos? Además, al momento del hallazgo del arma no se encontraba nadie en la vivienda.
5. Sobre las solicitudes de información a la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), sobre cuentas y movimientos bancarios de algunas personas y sociedades, surgen de manera natural las siguientes interrogantes:
a. ¿Por qué pide esta información a la CNBS y no directamente a todos y cada uno de los bancos?
b. ¿Es una lógica dilatoria, tomando en cuenta que ya saben que la CNBS no resuelve este tipo de solicitudes?
6. Como uno de los medios de prueba, se presenta el Acta de Aplicación de prueba de Luminol, desarrollada el día 5 de marzo de 2016, en la casa donde fue asesinada Berta Cáceres y se establece que en la habitación número 1, bajo un baúl de madera color café, se encontró un casquillo de proyectil color amarillo que en su base se lee: AP 40 S&W.
Sobre lo anterior es básico preguntar: ¿Cómo puede entenderse el descubrimiento de un casquillo de proyectil tres días después del asesinato, cuando se supone que la vivienda la habían inspeccionado en varias ocasiones y siempre la mantuvieron bajo custodia policial y militar?
7. Otro extremo establecido a nivel del expediente es que la pericia del video del día de los hechos, fue presentada a la audiencia inicial en la causa contra Emerson Eusebio Duarte Meza, sin firma del perito y por tanto no fue estimada en la audiencia
A esta larga lista de irregularidades es que se suma el robo de expediente de Berta Cáceres. Es decir, que este hecho, junto a las reacciones de los funcionarios del sistema de justicia, simplemente ratifican la irresponsabilidad institucional del Estado de Honduras y la imposición de la lógica de la impunidad.
Sin acceso a todos los documentos que permitan verificar la confiabilidad de los procedimientos legales para levantar pruebas, es difícil lograr confiabilidad, razón por la cual volvemos a interpelar al Estado de Honduras para que:
a. Levantar la secretividad en el caso y que se nos garantice como abogados de la familia de Berta Cáceres el acceso a la información y nuestro derecho a participar en este proceso
b. Aceptar de una vez por todas el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la creación de un grupo de personas expertas que garanticen el manejo objetivo de las pericias investigativas
Lo que estamos demandando en el caso de Berta Cáceres simplemente es justicia, pero la misma sólo puede lograrse a través de un proceso transparente e independiente, que evite encubrir a la estructura criminal que ordenó su asesinato.