El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investiga al expresidente Manuel Zelaya Rosales y actual diputado de Libre por supuesto enriquecimiento ilícito durante su gobierno; la investigación también se extiende al periodo presidencial de Roberto Micheletti.
La magistrada, Daysi Ancheta, dijo este miércoles que el proceso de auditoría sobre la administración del gobierno Zelaya Rosales está en etapa preliminar y que abarca a todos los funcionarios de ese período gubernamental y al patrimonio de la familia Zelaya.
Un informe del TSC establece que los 40 millones de lempiras extraídos del Banco Central de Honduras (BCH), hecho conocido como el «carretillazo», provenían del presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad. La Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional solicitó que se hicieran las auditorías referentes tanto al gobierno del expresidente Zelaya como al gobierno del expresidente Roberto Micheletti.
Según investigaciones no fueron únicamente esos 40 millones los sacados, ya que otros 10 millones de lempiras salieron de la bóveda del banco bajo las mismas circunstancias.
Durante la administración de Zelaya Rosales se asignaron 230 millones de lempiras para elevar la capacidad técnica y organizativa de la seguridad nacional, presupuesto que no fue remitido para su aprobación al Congreso Nacional (CN).
El TSC también investiga donde fueron a parar los restantes 180 millones de los 230. Sobre el convenio de Cartagena que se creó por el caso del exgobernante en el 2009, el mismo solo tiene efecto sobre cuestiones políticas y no administrativas.
«En el TSC estamos debatiendo todo lo que se hizo -administrativamente hablando- en el gobierno de Zelaya, por lo que el convenio de Cartagena en ningún momento nos impidió que hicieramos el trabajo», dijo.
ESDRAS AMADO LÓPEZ PROMUEVE ELIMINAR AMNISTÍA DEL 2009
El subcoordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Esdras Amado López, promueve una consulta al pueblo para eliminar la amnistía del 2009 bajo cual salieron exculpados varios funcionarios del expresidente Manuel Zelaya Rosales involucrados en actos de corrupción.
López ya realiza la consulta a nivel nacional y si la respuesta es favorable continuará las diligencias hasta eliminarla por la vía del Congreso o la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Amparados en ese decreto, varios de los beneficiados, han sorteado hasta hoy, ser sometidos a la justicia por varios delitos relacionados a la violación de los derechos humanos, incumplimiento de los funcionarios públicos, desobediencia y otros delitos comunes”, sostiene el diputado.
También ha manifestado que el decreto de la amnistía puede ser eliminado como ocurrió en El Salvador tras la guerra civil en 1990 y que duró más de diez años.