A raíz de los abusos cometidos e irregularidades detectadas durante su gestión, la Fiscalía del Ministerio Público (MP) no descarta librar requerimientos en contra de los exmiembros del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, entre ellos Jorge Rivera Avilés, quien lo presidió y podría ser acusado de varios delitos, según una fuente de entero crédito.
Aunque hay avances en las investigaciones, aún se desconoce el plazo para la presentación de estas acciones por parte del ente acusador del Estado.
En tal sentido, el titular de la Asociación de Jueces por la Democracia(AJD), Mario Díaz declaró que «en la labor de seguimiento que le hemos dado al Consejo de la Judicatura y sus actuaciones mientras duraron nos ha llevado a la conclusión que hay un grupo de fiscales trabajando en la formulación de estos requerimientos fiscales, puesto que ya tienen la información necesaria y suficiente para efectuar los mismos».
Las acciones en perjuicio de los concejales serían presentadas en los próximos días debido a las ejecutorias de este órgano constitucional del Poder Judicial que funcionó por un lapso de dos años y medio, confirmó.
El togado recordó que a lo interno de este ente se cometió nepotismo, mal uso de fondos hasta de viáticos, donde un exfuncionario tenía 200 días de subvención en un año, nombramientos arbitrarios, otorgamiento de prebendas sin ningún tipo de fundamento legal.
El segundo informe de la Mesa Técnica de Verificación de Actuaciones en Administración de Personal del Poder Judicial reveló que los exintegrantes del Consejo de la Judicatura despilfarraron 39 millones de lempiras del presupuesto de ese poder del Estado en boletos aéreos al igual que pago de viáticos.
«Nosotros desde que conocimos de actos que reñían con la ley estuvimos siempre pendientes, dando las denuncias correspondientes, haciéndole saber a las autoridades que estaban actuando incorrectamente e informándole a la opinión pública de cada actuación irregular que cometió el Consejo de la Judicatura; en consecuencia seguimos vigilando para que esta información no se quede en el limbo sino que se proceda con estas actuaciones extrajudiciales», detalló Díaz.
Planteó que «todo este tipo de situaciones deben ser sometidas a procedimiento de los tribunales judiciales; hay un miembro del Consejo de la Judicatura -Teodoro Bonilla- que está sometido a un proceso por haber intervenido directamente en un juicio y hay otros que no se conocen, pero probablemente también puedan salir a la luz pública en cualquier momento».
Los exconcejales fueron obligados a renunciar, es necesario el nombramiento de un nuevo órgano bajo parámetros diferentes para que no se cometan excesos en el futuro, indicó el profesional del Derecho.
Concluyó que «la propia institucionalidad del Estado es responsable porque cuando fueron nombrados -concejales-, los vendieron en el Ministerio Público como las mejores personas para estar al frente de estos cargos; el Congreso lo hizo de tal manera que solamente buscó a sus allegados, amigos y no fueron nombrados por criterios estrictamente profesionales, sino políticos partidarios».