El Congreso Nacional aprobó este jueves en segundo debate la iniciativa de ley orientada a derogar varios artículos de la Ley Especial para una Maternidad y Paternidad Responsable, para crear un registro de padres o madres morosos quienes no podrán acceder a créditos bancarios, comerciales ni obtener documentos como la licencia de conducir.
El proyecto fue introducido a la Cámara Legislativa por la diputada nacionalista por el departamento de El Paraíso, Sara Medina, quien expuso que el proyecto establece el marco de los derechos y responsabilidades asociados a la paternidad y maternidad responsables; al tiempo que crea los mecanismos y el procedimiento para garantizar que toda niña y niño sea reconocido legalmente por parte de sus padres y para que cuando sea necesario, se determine con certeza jurídica la maternidad o paternidad, permitiendo con ello compromiso paternal responsable.
Esta ley no penaliza con cárcel a los progenitores, sin embargo, los sanciona con otro tipo de medidas como la creación de registro de padres o madres morosas por alimentos en lo cual los infractores no podrán acceder a créditos bancarios, no van a poder tramitar la licencia de conducir o sacar su pasaporte, entre otras.
El proyecto de ley sea orientado a reformar los artículos 177 y 178 del Código Penal. La finalidad de la reforma es elevar las penas a las personas que están obligadas y evaden el cumplimiento de sus obligaciones dejando desamparados a niños, cónyuges, ancianos y personas que no pueden velar por sí mismos.
Esos artículos aparecen en el capítulo 6 sobre la negación de asistencia familiar contenido en el título cinco referente a los delitos contra el estado civil y/o contra la familia, en el Código Penal.
En ese sentido, quien estando obligado legalmente, o en virtud de sentencia firme, después de haber sido requerido fehacientemente, dejare sin justa causa de proveer a la subsistencia del cónyuge, de los hijos menores de veintiún años o del pupilo bajo su guarda, será sancionado con reclusión de seis a ocho años.
En la misma pena incurrirá quien en iguales circunstancias, dejaren de proporcionar los recursos necesarios a sus ascendientes o descendientes que se encuentren inválidos, enfermos o por cualquier causa incapacitados para el trabajo.
Quien para eludir el cumplimiento de la obligación alimentaria, se coloca en situación de insolvencia, traspasa sus bienes a terceras personas, renuncia a su trabajo, simula obligaciones o emplea cualquier otro medio fraudulento, será sancionado con reclusión de seis a ocho años.
Asimismo, se aprobó en primer debate, la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y dictaminada por la comisión ordinaria de presupuesto, orientada a aprobar el contrato de préstamo 3541/BL-HO, suscrito en enero de 2016 entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de Honduras para el financiamiento de hasta por
un monto de 27 millones de dólares para el proyecto del fortalecimiento institucional y operativo de la administración tributaria.
Todos los bienes, servicios y obras que sean adquiridos con los fondos de este convenio de recursos nacionales quedan exonerados de todo tipo de gravámenes arancelarios, Impuesto Sobre Ventas (ISV), contribuciones, tasas, servicios y cualquier otro cargo que grave la compra local.
Primer debate
Asimismo, se aprobaron en primer debate varios proyectos enviados por el Poder Ejecutivo a través de la Cancillería y dictaminados por la comisión ordinaria de relaciones exteriores e integración regional como el encaminado a aprobar en todas y cada una de sus partes el acuerdo 09-DGTC, contentivo del anexo sexto del marco para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques.
Otro acuerdo aprobado en todas y cada una de sus partes, en primer debate, es el acuerdo 28-DGTC, que contiene el convenio constitutivo de la Organización Internacional de Comunicaciones Móviles por Satélite y sus enmiendas más conocido como Convenio IMSO, tal como se acordó en la vigésima asamblea del 6 de octubre de 2008.
En su primer debate, también se aprobó en todas y cada una de sus partes el acuerdo 29-DGTC que contiene el convenio relativo a la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional.
También pasó en primer debate el acuerdo 06-DGTC, que contiene el convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos 1990.
Iniciativas de ley
En la etapa de proyectos, el diputado demócrata cristiano por Choluteca, Héctor Padilla, presentó una iniciativa orientada a que la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), proceda a efectuar un diagnóstico de la infraestructura vial, alcantarillado y red vial de Choluteca y se asigne una partida presupuestaria por 34 millones de lempiras para que esa dependencia proceda a la reparación de las calles de los barrios más pobres de ese municipio así como del alcantarillado y sistema pluvial.
Otro proyecto que presentó Padilla, está orientado a que se construyan pistas de atletismo en los predios contiguos al aeropuerto de Choluteca.
Entretanto, el jefe de la bancada nacionalista, Óscar Álvarez, presentó una iniciativa para establecer un tratamiento fiscal diferenciado y justo en cuanto a la importación, mantenimiento y pago de tasas sobre vehículos clásicos y antiguos.
En ese sentido, se reforma el artículo 21 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público que ahora establecerá que queda prohibida la importación de vehículos automotores terrestres con más de 10 años de uso y los autobuses, camiones, volquetas y pick-up de trabajo con más de 13 años de uso.
Se prohíbe igualmente la importación de vehículos reconstruidos, sin marca o modelo o a título de vehículo irreparable (chatarra).
Quedan exentos de esa disposición, las ambulancias, vehículos de rescate reconstruidos o que tengan o hayan tenido su timón a la derecha que vengan destinados con carácter de donación para el benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, Cruz Roja Hondureña, Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y las municipalidades del país.
Asimismo, ahora se incluyen los vehículos de tipo clásico, antiguos, en modelos superiores a los 25 años, lo que incluye las partes y repuestos utilizados para la restauración y mantenimiento de los mismos.
Esos vehículos se utilizarán exclusivamente con el propósito de exhibición en museos, desfiles, ferias o eventos y actividades de publicidad o divulgación del patrimonio cultural de Honduras. Los vehículos históricos auténticos serán importados por medio de la Asociación de Autos Clásicos o Antiguos, museos o coleccionistas e igualmente constituidos como tales en el país.
Los autos clásicos o históricos pagarán únicamente el 50 por ciento de las tasas que paguen los vehículos de circulación normal, lo que será regulado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y el Instituto de la Propiedad (IP).
De su parte, la diputada nacionalista por El Paraíso, Sara Medina, presentó una iniciativa orientada a reformar el artículo 294 del Código Penal y sus reformas con el fin de sancionar a quien fabrique, tenga, almacene, transporte, use o comercialice sin estar autorizado para ello, uniformes, insignias, condecoraciones, equipos o medios de identificación de uso exclusivo de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas o de los órganos de seguridad del Estado, con una pena de cinco a ocho años de reclusión.
La misma pena rebajada en un tercio se aplicará a quien fabrique, tenga, almacene, transporte, use o comercialice equipo o medios de identificación similar o semejante al utilizado por la Policía Nacional, Fuerzas Armadas u organismos de seguridad del Estado.
Por su lado, el diputado nacionalista por Atlántida, Rodolfo Irías Navas, presentó un anteproyecto orientado a autorizar a la municipalidad de La Ceiba, Atlántida, para que administre los recursos obtenidos de la recaudación por alumbrado eléctrico público para lo cual la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), deberá hacerle las transferencias mensuales correspondientes con lo que podrá administrar directamente esos fondos mediante concesión con prestadores especializado a través del proceso que establece la Ley de Contratación del Estado.
Entretanto, el diputado nacionalista por Yoro, Milton Puerto, presentó una iniciativa de ley con el fin de re-categorizar la actual reserva ecológica de la montaña de Mico Quemado y las Guanchías, denominada ahora refugio de vida silvestre de la montaña de Mico Quemado y las Guanchías, situado en la jurisdicción de los municipios de Santa Rita, El Progreso y El Negrito, Yoro, quedando incorporada al sistema nacional de áreas protegidas y vida silvestre de Honduras.
El diputado nacionalista por Francisco Morazán, Russel Renán Inestroza, presentó un proyecto encaminado a otorgar la condecoración de Gran Cruz con Placa de Oro, al veterano congresista y jurista hondureño, abogado y maestros José Oswaldo Ramos Soto, por su brillante y laureada carrera profesional como justo tributo a su trayectoria y a su enorme contribución a la forja constante de leyes del país.
Inestroza presentó otras dos iniciativas, una para crear el Programa Nacional de Becas para enseñar a conducir en las instituciones del Estado en forma gratuita a personas desempleadas y de escasos recursos económicos y la otra para reformar el procedimiento de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por salas y de acuerdo a su especialidad.
En la sesión de este jueves se aprobó una moción presentada por la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), por Copán, Elvia Argentina Valle, orientada a que el Congreso Nacional nombre una comisión especial con los diputados de ese departamento y miembros de la comisión ordinaria de minería, para investigar y proponer soluciones ante la problemática que afecta a las comunidades de La Unión, Copán, debido a una concesión minera.
El presidente en funciones del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, suspendió la sesión y convocó para una nueva reunión el próximo martes 15 de marzo a las 4:00 de la tarde.