Los fondos acordados para el Triángulo Norte de Centroamérica representan un recorte de US$250 millones respecto de la solicitud formulada por el presidente Barack Obama para enfrentar la oleada de niños de la región que llegaron en 2014 a la frontera estadounidense sin documentos ni acompañantes adultos.
El Gobierno estadounidense expresó en junio su preocupación ante la posibilidad de que el Congreso, de mayoría republicana en ambas cámaras, no aprobara los US$1.000 millones. El senador Tom Carper, principal demócrata en la Comisión de Seguridad Nacional, dijo que el proyecto satisface una de sus prioridades.
Un resumen del proyecto de ley señala que los fondos servirán para implementar una estrategia estadounidense que busca “la seguridad fronteriza, la reintegración de migrantes y la atención de las causas de los flujos migratorios a través de programas para mejorar la educación, generar empleo, apoyar a las familias, enfrentar a las pandillas y profesionalizar las fuerzas policiales en América Central”.
El documento agrega que un 75% de los fondos destinados para El Salvador, Honduras y Guatemala están sujetos a certificación, por lo que deben cumplir ciertos parámetros relacionados con la gobernabilidad, la corrupción y los derechos humanos. Ambas cámaras planean votar esta semana el proyecto para que Obama pueda sancionar la ley antes del receso navideño.
Las condiciones de EE.UU.
Ninguno de los respectivos gobernantes del Triángulo Norte podrá acceder a esos fondos si no muestra resultados concretos en la lucha anticorrupción o si no es capaz, entre otras cosas, de establecer condiciones para el funcionamiento de fiscalías generales independientes que puedan perseguir y encarcelar a funcionarios corruptos, publicó La Prensa Gráfica.
“(Los fondos solo serán puestos a disposición) luego de que el Secretario de Estado certifique y reporte a los comités pertinentes del congreso que esos gobiernos están tomando medidas efectivas para combatir la corrupción, incluida la investigación y persecución penal de funcionarios en ejercicio sobre quienes pesen acusaciones verificables de corrupción”, dice el texto acordado en Washington.
Son 16 las condiciones específicas que impone el proyecto de ley de presupuesto consensuado el pasado martes en ambas cámaras del Congreso estadounidense, un documento de 2,009 páginas que será votado mañana y que, en su sección 745, establece las condiciones para erogar fondos a los tres países centroamericanos.
En total, el desembolso del 75% de los $750 millones está condicionado a que los gobiernos de Jimmy Morales, de Guatemala; Juan Orlando Hernández, de Honduras; y Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, sean capaces de mostrar avances en políticas públicas relacionadas con la
transparencia, la persecución del crimen organizado, la disciplina fiscal o la regulación de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, entre otros.
Motivos de suspensión
El mismo proyecto establece los mecanismos para la suspensión o retención de esta ayuda en caso de que los Gobiernos no cumplan con las condiciones establecidas por el Congreso. Para empezar, el secretario de Estado tendrá que revisar los progresos realizados por los tres gobiernos del Triángulo Norte en sus esfuerzos por cumplir cada uno de los 16 condicionantes y deberá, a más tardar el 30 de septiembre de 2016, someter un reporte de avances al Congreso en Washington.
Si el Congreso o el mismo Departamento de Estado determinan que los avances no son suficientes los fondos estarán en riesgo. “Si se determina que un gobierno central no está mostrando suficiente progreso, el Secretario deberá suspender, por completo o en parte, la asistencia a ese gobierno en las materias en cuestión, e informar por escrito a los comités pertinentes del Congreso”, establece el proyecto de ley.
La única manera en que los fondos volverían a ser desembolsados, una vez suspendidos, es que los comités del Congreso lo aprueben tras certificar que los gobiernos centroamericanos han tomado “las medidas correctivas pertinentes”.
Presión creciente
La presión sobre los tres gobiernos de Centroamérica en materias de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de instituciones estatales empezó en noviembre de 2014, cuando la administración de Barack Obama negoció, a través del vicepresidente Joseph Biden, los términos de la Alianza para la Prosperidad.
Desde el principio, Washington insistió, sobre todo a través de voceros del Departamento de Estado, pero también a través de las oficinas de influyentes senadores relacionados con los comités judiciales, de relaciones exteriores o de adjudicaciones, en que los tres países debían mejorar sus prácticas de transparencia y combate a la corrupción.
En concreto, para el caso guatemalteco, la Casa Blanca y el Departamento de Estado presionaron al gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina para que renovara el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La comisión, a la postre, participó en las investigaciones que terminaron en un proceso judicial contra el expresidente Otto Pérez Molina, quien hoy guarda prisión acusado de corrupción.
Desde mediados de este año, Estados Unidos también ha influido para que Honduras establezca
un mecanismo internacional anticorrupción parecido a CICIG, algo a lo que el Gobierno de Juan Orlando Hernández se ha resistido. Y en el caso salvadoreño las condicionantes impuestas por el Congreso a la cooperación para la Alianza por la Prosperidad llegan en momentos en que seis congresistas han pedido la elección de un fiscal independiente y horas después de que el partido en el Gobierno propuso limitar las facultades de investigación a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que ya pidió juicios por enriquecimiento ilícito contra el diputado Reynaldo Cardoza y contra el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Leonel Flores.