Tomado de latribuna.hn
El Ministerio Público presentó la tarde de este viernes requerimiento fiscal y solicitó orden de captura contra el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla.
La fiscalía acusa al profesional del Derecho por el delito de tráfico de influencias, el cual es sancionado con una pena que va de 6 a 9 años de prisión.
Además se le señala por el delito de abuso de autoridad, en el requerimiento fiscal presentado la tarde de este viernes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En el documento también se solicita que se abra un antejuicio contra la magistrada de la Corte de Apelaciones Delmis Elizabeth López, acusada de prevaricato.
De igual forma se pide que se investigue por tráfico de influencias a la juez con jurisdicción nacional, Liz Marisa Núñez.
Al respecto, Bonilla declaró a las 4:45 de la tarde, que no había sido notificado de ningún requerimiento fiscal.
No obstante, aseguró que en las próximas horas se estará apersonando a la secretaría de la CSJ, para responder a cualquier acción judicial.
“Estamos dispuestos a presentarnos no tememos nada, cualquier cosa lo vamos a enmarcar en ley, porque nosotros no hemos estado al margen de la ley”, declaró.
“Vamos a presentarnos para desvaneces o descargar cualquier requerimiento; no he sido notificado, pero vamos a apersonarnos a la corte”, sostuvo.
El vicepresidente del Consejo de la Judicatura dijo sentirse sorprendido por los cargos por lo que lo están señalando.
Ante eso dijo que es un funcionario judicial y esta expuesto a ese tipo de acciones, que son parte del trabajo que realizan, a lo que agregó: “vamos desvanecer cualquier situación jurídica que se ha presentado en este tema”
Bonilla considera que ese tipo de situaciones son reacciones normales en la depuración que se realiza en el Poder Judicial.
“Son reacciones por las decisiones que toma el Consejo de la Judicatura; no tememos, porque siempre hemos actuado en la legalidad, nunca hemos traficado con la legalidad”, puntualizó.