Tras el cierre y desmantelamiento del equipo de canal 36, durante el periodo del golpe de estado y por órdenes presidente de facto Roberto Micheletti Bain, apoderados legales de Canal 36 iniciaron acciones ante el Ministerio Publico con el objeto de deducir responsabilidad a todos los involucrados de esta violación a la libertad de expresión y libre emisión del pensamiento.
Estas acciones legales concluyeron en un requerimiento fiscal contra los comisionados que en ese entonces estaban en función de CONATEL.
El juez conocedor de la causa decreto un auto de prisión, hoy auto de formal procesamiento, en contra de los comisionados pero la defensa apelo la resolución ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, misma que determino aplicar una amnistía y así evitar que se siguiera el proceso.
Los abogados defensores de los comisionados de CONATEL, no conformes con lo resuelto por la Corte de Apelaciones interpusieron un recurso de amparo ante la sala de los constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero por retrasos maliciosos del Magistrado Víctor Lozano, desde el año 2011 no se ha conocido cual es la decisión final en cuanto a este caso.
Ante este retardo de la impartición de justicia, el abogado de Canal 36, Marco Zelaya, solicito un pronto despacho arguyendo que: “Justicia tardía no es Justicia”
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