Los bancos locales y sucursales extranjeras fueron supuestos cómplices en la cadena de actos de corrupción administrativa del anterior Gobierno en Panamá, según opinan medios locales de prensa.
Solo uno de los antiguos funcionarios gubernamentales investigados actualmente, el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia, tenía 60 millones de dólares en ocho bancos: Caja de Ahorros (estatal), Global Bank y Banco General (privados panameños); Banco Ficohsa, Banesco, Banistmo, St. Georges Bank y Unibank (de capital extranjero).
En uno de los más recientes artículos sobre el tema, el diario La Estrella recuerda que mucho se habla de los procesados, pero nada sobre la ruta del dinero y la responsabilidad de los banqueros, quienes hasta el momento no aparecen entre los investigados.
De acuerdo con cálculos del rotativo, el desfalco general al erario durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2004-2009) podría ascender a tres mil 484 millones de dólares.
«¿Por qué a ningún banquero lo han llamado a responder por esos miles de millones robados y depositados en bancos, y muchos transferidos a cuentas en el exterior?», pregunta un comentarista al analizar la percepción popular sobre la selectividad en el actuar de la Justicia.
«La comunidad bancaria se rehúsa al ingreso de equipos técnicos de las fiscalías a sus instalaciones para revisar transacciones bancarias. Los fiscales se atemorizan. Los gobiernos, solapadamente, los protegen», fue la respuesta que en un artículo dio el periodista Ebrahim Asvat.
En una entrevista reciente el diputado por el Partido Revolucionario Democrático Samir Gozaine dijo que cuando llegó al cargo los bancos le exigieron múltiple documentación porque se convertía en una «persona políticamente expuesta».
Gozaine analizaba que cualquier alto funcionario gubernamental también debe ser considerado como tal, por tanto, no comprendía cómo Guardia se hizo millonario de la noche a la mañana, sin que el sistema bancario alertara.
Según la estructura institucional panameña, corresponde a la Superintendencia de Bancos y a la Unidad de Análisis Financiero, detectar y actuar de inmediato en casos de movimientos de dinero que resulten sospechosos.
Pero importantes personeros de las entidades financieras y el propio Gobierno reconocen que el sistema fue vulnerado, no solo por los corruptos locales, sino por redes internacionales de lavado de dinero, narcotraficantes, políticos y empresarios extranjeros.
La Estrella recordó los casos más connotados de convictos internacionales que guardan relación con cuentas bancarias en Panamá, como los expresidentes Adolfo López Portillo, de Guatemala, en 2002; Alberto Fujimori, de Perú, en 2005 y Arnoldo Alemán, de Nicaragua, en 2006.
Con ese fatídico historial, el otrora pujante Centro Financiero Internacional, uno de los más importantes del continente, engrosó en 2014 la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), y comenzó una lucha por imponer el control frente a la filosofía del secreto bancario, bajo cuyo manto actuaron impunemente redes delictivas internacionales.
Además de las acusaciones de «paraíso fiscal», el país también recibió múltiples críticas por las facilidades a la apertura de empresas cuyos verdaderos dueños, entre otras prebendas, se escondían tras el artificio de «acciones al portador».
Se trata de un documento legal sin destinatario, que a quien lo posea le hace propietario de las acciones consignadas en el papel; pero en una corrección reciente fue eliminado este procedimiento.
El esfuerzo del actual Gobierno en crear marcos regulatorios tuvo su máxima expresión en la reciente Ley para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Con ello se espera blindar el sistema y evitar las brechas en el manejo de las finanzas en la nación, como sucede en sectores de seguros, casas de cambio, casinos, agentes inmobiliarios, metales y piedras preciosas, entre otros.
Pero los nubarrones creados por el escándalo del PAN y otros que van apareciendo, en los cuales el común denominador es el enriquecimiento ilícito, vuelve la mirada desconfiada a los bancos y a responsables ocultos que aún no son mencionados.
Tal vez el GAFI, cuando en junio próximo analice si levanta las sanciones a las entidades financieras panameñas, se haga la misma pregunta: «¿Por qué a ningún banquero se le ha llamado a responder por esos miles de millones robados y depositados en bancos, y muchos transferidos a cuentas en el exterior?»