El ex secretario general de la Presidencia de Guatemala Gustavo Martínez -yerno del presidente Otto Pérez- y el ex ministro de Energía Edwin Rodas fueron capturados hoy por un caso de corrupción con una empresa transnacional de energía.
Ambas detenciones fueron oficializadas en conferencia de prensa por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP).
El colombiano Iván Velásquez, jefe de la Cicig, un ente antimafias que actúa por un mandato de la ONU desde 2007 en el país, dijo que Martínez es acusado de asociación ilícita y tráfico de influencias.
Velásquez explicó que Martínez «se aprovechó de su posición privilegiada» para sacar beneficios económicos por la construcción en el país de una planta de energía eléctrica de la multinacional Jaguar Energy.
Destacó que este proyecto se construye en Guatemala con una inversión de 900 millones de dólares, y es la más grande en Centroamérica.
Detalló que las investigaciones permitieron establecer que Martínez intervenía para concertar reuniones de los inversionistas de Jaguar Energy con el presidente Pérez, a fin de «destrabar» los obstáculos legales y ambientales para la construcción de la planta.
Resaltó que existen evidencias de que Martínez fijó un «reajuste» del cobro con los intermediarios de Jaguar Energy por tratarse de la mayor obra del sector en América Central.
«Las investigaciones establecen el interés económico de esas gestiones», con lo que se beneficiaba Martínez, como «hombre de confianza del presidente de la República», afirmó el ex magistrado colombiano.
Martínez -quien también se desempeñó como secretario privado de la Presidencia-, cobró por esa intermediación 120,000 dólares durante seis meses, hasta enero pasado, por medio de testaferros, detalló el jefe de la Cicig.
El ex secretario general y ex secretario privado de la Presidencia de Guatemala renunció al gobierno en junio, luego de que fue mencionado en una investigación. Argumentó que se retiraba para no desgastar al régimen de Pérez y la emprendió contra las «falsedades» de la prensa.
Desde abril, el gobierno de Pérez comenzó a ser sacudido por escándalos de corrupción descubiertos por la Cicig, los cuales provocaron el 8 de mayo la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y varios ministros y funcionarios de confianza del mandatario, incluyendo a Martínez y también Rodas.
Pérez, cuya renuncia es exigida por amplios sectores nacionales, especialmente en centros urbanos, ha declarado que no dimitirá y entregará el cargo, como lo establece la Constitución, al finalizar el período para el que fue elegido, el 14 de enero de 2016.