Se entrega a la justicia hermano del subcomisionado Jorge Barralaga acusado de lavado de activos

TEGUCIGALPA. Tras casi mantenerse tres años prófugo de la justicia, se presentó ante el juez con jurisdicción nacional de com­petencia territorial, en materia pe­nal, el exalcalde de Sabá, Colón, Jo­sé Santiago Barralaga Hernández, por suponerlo responsable del de­lito de lavado de activos.

En audiencia de declaración de imputado, el juez le dictó una me­dida distinta a la detención judicial como ser el arresto domiciliario y reprogramó la audiencia inicial pa­ra el lunes 20 de julio.

El ex edil, es hermano del subco­misionado Jorge Barralaga, actual­mente condenado y preso por lava­do de activos.

Al ahora encausado se le giró or­den de captura junto con seis perso­nas más, incluidos su hermano, so­brino, cuñada y esposa por el delito en mención en julio del 2017.

El requerimiento fiscal en su contra detalla que José Barralaga la­vó más de 211 millones de lempiras.

La abogada defensora, Ritza An­túnez durante el desarrollo de la au­diencia, presentó certificación mé­dica donde se acredita que su repre­sentado padece de diabetes, sin em­bargo, el juez solicitó que fuera eva­luado hoy en Medicina Forense

Bárbara Castillo, portavoz de los Juzgados, detalló que al igual que el señor Santiago Barralaga, la esposa de éste, Edith Roca Pérez, se pre­sentó al Juzgado con sus abo­gados presentando una certifica­ción médica que adolece de una enfermedad base, por lo que la juez que conoce la causa le dictó la me­dida de arresto domiciliario.

Castillo recordó que la encausa­da tenía una orden de captura pen­diente, por habérsele revocado el sobreseimiento provisional dictado en audiencia preliminar, por la me­dida de prisión preventiva, tal como lo ordenó la Corte de Apelaciones.

Por este caso, la abogada defen­sora detalló que en el caso de su re­presentada Roca Pérez padece de hipertensión por lo que presenta­ron certificación médica que acre­dite la enfermedad, pero al igual que su esposo se le ordenó por parte del juez que sean evaluados en Medici­na Forense.

El pasado 10 de abril del 2019, la Corte de Apelaciones de lo Pe­nal se pronunció sobre un recurso presentado por el Ministerio Pú­blico y ordenó revocar el sobresei­miento provisional que en una au­diencia preliminar se emitió a favor de Roca Pérez.

En total, en el marco de Opera­ción Perseo, se aseguró 42 bienes inmuebles y 332 bienes muebles entre los que están autobuses y ca­miones de carga, además se conge­laron diversas cuentas bancarias y el allanamiento a varias sociedades mercantiles, ya que, de acuerdo con los expertos forenses en delitos fi­nancieros, en este caso se movieron más de 2,000 millones de lempiras entre cuentas relacionadas de los imputados. Las indagaciones ade­más muestran la existencia de un grupo organizado que durante un período de tiempo realizaron ad­quisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.

TRES CONDENADOS

Por este mismo caso en noviem­bre de 2019, por unanimidad de vo­tos, los jueces de la sala II del Tribu­nal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, declararon culpable al subcomisionado Jorge Alberto Ba­rralaga Hernández y a su exnuera Montse Paola Fraga Duarte, como autores del delito de lavado de ac­tivos.

El tribunal consideró que Ba­rralaga Hernández no pudo justifi­car 76 millones 609 mil 317 lempiras con ocho centavos.

Mientras que Fraga Duarte re­cibió 18 transferencias y nueve de­pósitos por más de 18 millones 653 mil 239 lempiras con 26 centavos, por parte de Jorge Barralaga Rive­ra, hijo del subcomisionado Barra­laga Hernández. Duarte fue la expa­reja sentimental de Wilter Blanco y recibió ese dinero sin tener ningún acto comercial.

Mientras que Carmen Alejandra Morales Sarmiento, exnuera de Ba­rralaga Hernández y vinculada al caso, se sometió a una audiencia de procedimiento abreviado, en donde aceptó su culpabilidad en el delito.

De acuerdo con las investigacio­nes, Morales Sarmiento movió de forma ilícita cerca de seis millones de lempiras, adquiriendo además bienes inmuebles y siendo socia de algunas sociedades mercantiles de la familia Barralaga, ella se entregó a la justicia, el 26 de junio del 2019, tras tener una orden de captura en su contra desde julio de 2017.

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