PRIMER PRESIDENTE DEMANDADO EN HONDURAS: Mel tendrá que enfrentar la justicia

La Procuraduría General de la República (PGR), que dirige Abrahán Alvarenga, demandó ayer al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, a pagar cinco millones de lempiras.

De acuerdo con la demanda, el 10 de enero del 2008, Zelaya separó de su cargo a una funcionaria de su gabinete cuando aún le faltaban dos años para cumplir su período de cuatro años.

La burócrata consideró que su despido era injusto, por lo que acudió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, donde en agosto del 2013, este tribunal ordenó al Estado de Honduras el reintegro de la empleada pública y cumplir con el pago de los salarios caídos.

Ahora, la PGR desempolvó el expediente, donde existe la figura de “repetición”, con la cual estarían obligando al expresidente Zelaya Rosales, a enterar lo que el Estado pagó por ese juicio, pues se comprobó que el despido es injusto y en este caso, la ley dice que el patrón tiene que cargar con las prestaciones y no el Estado.

Esta demanda ubica a Manuel Zelaya en el banquillo de los acusados, convirtiéndolo en el primer presidente de Honduras que tendrá que enfrentar la justicia en el país.

Diario La Tribuna se comunicó anoche con el expresidente Zelaya, quien manifestó que la Procuraduría no le ha comunicado nada y en un caso dado, está preparado para defenderse.

Cero conciliaciones en casos de corrupción

Las autoridades de la Misión de Apoyo y Combate a la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Procuraduría General de la República (PGR) determinaron que los casos de corrupción ya no podrán ser conciliados en el país.

La tajante decisión fue plasmada en un documento denominado Declaración Conjunta PGR–MACCIH, donde se establece entre otros puntos, que “la política de Estado de combate a la corrupción implica que la ley debe aplicarse bajo el principio de igualdad, es decir, en Honduras no pueden existir privilegios personales. Por ende, quien comete un delito de corrupción debe pagar el alto precio que esto significa, a través de la sanción penal que corresponda”.

La Procuraduría se comprometió a que no otorgará en los delitos de corrupción -dentro del ámbito de sus competencias- medidas desjudicializadoras al proceso penal, entre ellas como conciliación, criterio de oportunidad, procedimiento abreviado o suspensión de la persecución penal.

El vocero de la Misión de Apoyo, Juan Federico Jiménez Mayor, explicó que “estamos enfatizando a partir del marco de colaboración que va a rendir la Misión hacia la Procuraduría, la decisión de que en ningún caso va a proceder una conciliación o medida que permita flexibilizar la responsabilidad civil, la responsabilidad de cubrir el daño patrimonial que se hace al Estado desde la Procuraduría, desde su competencia, se acabó, la posibilidad de la conciliación o de archivar un proceso penal en función de temas económicos”.

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