“Posesión de los medios no debe ser exclusivo de grupos”, según Presidente Lobo

El Presidente Porfirio Lobo Sosa, reiteró este sábado, que la posesión de los medios de comunicación no debe ser algo exclusivo de grupos que sólo defienden sus intereses y sus empresas.

El Mandatario ofreció declaraciones luego de asistir a la inauguración de las salas de velación del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) donde se refirió al ordenamiento que el Estado quiere hacer en el uso de frecuencias de medios de comunicación.

En ese sentido, expresó que habría que preguntarse cuál es la función de los medios de comunicación y que a su vez el Estado está obligado a garantizar el acceso a poder informar y expresar las opiniones de los distintos grupos sociales.

“El tema de posesión de medios no debe ser exclusivo de un grupo, debe haber acceso de la población; lo que se quiere con las reformas es que haya buen porcentaje disponible para los diferentes grupos indígenas o afrohondureños y otras poblaciones”, argumentó.

Añadió que Igualmente el gobierno tiene el derecho a promover la cultura y las artes, que es una obligación y dejar espacios para que sean subastados y haya más opciones  de acceder a un medio, según el mercado.

Según Lobo Sosa, debe haber un principio de equidad, porque el derecho a expresar opiniones, informar y recibir informaciones es un derecho de todos los hondureños y debe estar fundamentado en edificar el bien común.

Apuntó que la sociedad ha ido avanzando, unos incursionan en el medio por intereses particulares y no por interés de informar, así como otros que se apropian de los medios para defender sus empresas e intereses particulares.

“Se los voy a demostrar cuando le digamos al pueblo como están distribuidos los medios, quienes son sus dueños y poder conocer todas las inversiones que existen en las distintas áreas del quehacer nacional”, advirtió.

Se refirió además a los cambios en el Poder Judicial y apuntó que la gente se enreda porque quiere, porque la Constitución señala que quien elige a los magistrados es el Congreso Nacional y por ello no hay injerencia alguna sino un deber constitucional.

“Igual sucede con la facultad constitucional de aprobar o improbar la conducta administrativa; yo celebro que ahora hay un procedimiento bien establecido, pero la acción del Congreso, de nombrar y destituir, es facultad del Congreso como dice la Constitución de la República”, afirmó.

Sobre la deuda del Estado a los proveedores, por unos tres mil 300 millones de lempiras, apuntó que sólo en exoneraciones se dejan de percibir 23 mil millones de lempiras al año y que con la mitad que se logren bajar se podrá pagar.

“Quiere decir que el Estado regala esa cantidad al año y se habla de un problema de tres mil millones, entre 12 y 15 por ciento, entonces, no hay sentido y por ello debe haber un principio de equidad”,  recalcó.

Recordó que una comisión especial hace la revisión de las exoneraciones, exenciones y franquicias aduaneras, para establecer lo que se justifica o no, si es moral o inmoral y de acuerdo a eso proceder y eso significará un mayor ingreso y que el Estado sea más solvente.

Añadió que cuando se hace la relación, de 23 mil millones de lempiras al año y que una cuarta parte sea justificable, quedan 126 mil millones anuales, que si se trasladan al Bono 10 Mil se podría atender a más de un millón 600 mil familias.

En cuanto al tema de la seguridad ciudadana, aseveró que se ha avanzado, para el caso en Olancho, las muertes violentas bajaron de 14 a tres, igual en Santa Bárbara.

Indicó que se debe reconocer el esfuerzo del director general de la Policía, Juan Carlos Bonilla, quien está trabajando bien, pero la tarea continúa y es permanente.

Dijo que ante los reclamos de la población capitalina por mayor seguridad, se reunirá el martes próximo con los ministros de Seguridad Pompeyo Bonilla y de Defensa, Marlon Pascua así como con los jefes policiales para tratar la situación.

“Es un trabajo permanente; la violencia se genera por la ubicación geográfica del país, que es puente entre la demanda de la droga y su lugar de origen, el delito nuestro es estar en medio, poner los muertos y el dolor de las familias”, reiteró.

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