Mientras Honduras continúa sumida en una de las peores crisis de credibilidad institucional, el expresidente y actual asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, volvió a encender la polémica al declarar públicamente: “Yo amo a Carlos, pero lo que es evidente no ocupa explicación”, refiriéndose a su hermano Carlos Zelaya, protagonista de un escándalo que involucra vínculos directos con el narcotráfico.
Estas declaraciones surgen tras seis meses de total inacción por parte del Ministerio Público respecto al video revelado por el medio internacional Insight Crime en septiembre de 2024, donde Carlos Zelaya aparece reunido con capos del narcotráfico discutiendo aportes económicos a la campaña electoral de Libertad y Refundación (Libre) en 2013. A pesar de la gravedad del contenido, el fiscal general Johel Zelaya —quien comparte apellido pero no ha demostrado imparcialidad— no ha emitido avances claros en la investigación ni acciones contundentes contra los involucrados.
La justificación del expresidente Zelaya —quien también es esposo de la presidenta Xiomara Castro— se centra en que su hermano renunció a su cargo de secretario del Congreso Nacional “para facilitar una investigación”, aunque dicha investigación no ha producido un solo requerimiento fiscal ni citatorio formal. El país observa cómo la familia presidencial intenta vender la renuncia como un gesto de honorabilidad, mientras el sistema de justicia permanece estático ante un hecho de magnitud nacional.
En un intento de desmarcarse del cinismo de la administración anterior, Zelaya comparó el caso con el de Juan Orlando Hernández, quien defendió a su hermano Tony —ahora condenado por narcotráfico en Estados Unidos—, argumentando que en su caso, la familia no encubrirá delitos. Sin embargo, las palabras no bastan cuando la institucionalidad se encuentra secuestrada por el silencio y la indiferencia.
Los tres actores políticos visibles en el video filtrado —Carlos Zelaya, Carlos Muñoz y Adán Fúnez— han enfrentado consecuencias mínimas. Sólo dos renunciaron a sus cargos públicos; el tercero, Fúnez, no solo continúa en funciones, sino que también ha sido vinculado indirectamente al asesinato de un defensor ambiental en el Bajo Aguán, sin que exista una investigación seria al respecto.
La impunidad no solo mancha la imagen del gobierno, sino que también evidencia el fracaso del fiscal general Johel Zelaya, quien permanece ajeno al clamor de justicia de un pueblo hastiado de pactos oscuros, nepotismo e impunidad selectiva. ¿Qué clase de justicia puede esperarse cuando los señalados caminan libres, arropados por los privilegios del poder político?
Lo que queda claro es que mientras el oficialismo busca minimizar el impacto de este escándalo con discursos sentimentales y promesas huecas, los hondureños siguen esperando que, por una vez, la ley no sea cómplice del poder. Porque la evidencia no necesita explicación, pero sí justicia.