La ministra de Defensa, Rixi Moncada, anunció este lunes la suspensión del proyecto para la construcción de una cárcel en la Isla del Cisne, ubicada a 250 kilómetros de las Islas de la Bahía, y en su lugar se instalará una fuerza militar en la zona.
Moncada explicó que la decisión fue tomada debido a los obstáculos que han surgido durante los procesos de licitación, señalando que diversos sectores han ejercido boicots en tres convocatorias a empresas. Además, acusó al sistema financiero de negar las garantías necesarias a las empresas participantes en los procesos de licitación, lo que ha impedido avanzar en la construcción de la prisión. “Si las empresas financieras no consiguen las garantías que corresponden, no se puede avanzar en el proceso de creación de la cárcel”, indicó.
En lugar de la construcción de la cárcel, el gobierno optó por fortalecer la presencia estatal en la isla con la instalación de una fuerza militar, la cual tendrá como objetivo fortalecer la soberanía del país y proteger sus recursos naturales. Moncada, junto al jefe de las Fuerzas Armadas, informó que se invertirá en la reconstrucción del apostadero naval, la pista de aterrizaje y las instalaciones de la zona.
Asimismo, se anunció la creación de la Fuerza Militar Conjunta General Florencio Xatruch, especializada en la lucha contra el narcotráfico y la protección de la fauna marina. Moncada detalló que esta fuerza estará encargada de reforzar los escudos aéreos y marítimos, con un enfoque particular en el combate al narcotráfico, destacando que Honduras sigue siendo un país de tránsito en la ruta de la droga hacia Estados Unidos y Europa. “El país no puede seguir siendo un puente para el narcotráfico”, afirmó.
Por otro lado, Moncada destacó que uno de sus principales enfoques será la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en Mocorón, Gracias a Dios. Este centro está diseñado para albergar, en su primera etapa, a 2,000 privados de libertad, con un enfoque en aquellos vinculados a grupos criminales, como cabecillas de maras y pandillas, y personas enjuiciadas por delitos de lavado de activos y narcotráfico.
Con estos cambios, el gobierno busca no solo mejorar la seguridad en la zona, sino también reforzar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Honduras.