La presidenta Xiomara Castro anunció este martes que, a tan solo diez días de que venciera el plazo para la finalización del Tratado de Extradición con Estados Unidos, ha decidido mantener el acuerdo, aunque con «salvaguardas» que, según ella, protegerán a las Fuerzas Armadas y garantizarán la integridad del proceso electoral de 2025. Esta decisión marca una retractación significativa en su postura, que podría poner en riesgo a varias personas de su círculo cercano, que estarían ahora más expuestas a ser extraditadas a Estados Unidos.
A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, la mandataria explicó que había llegado a un acuerdo con la nueva administración estadounidense para continuar con la vigencia del tratado. «Anuncio que he llegado a un acuerdo con la nueva administración de los Estados Unidos para que el Tratado de Extradición continúe con las salvaguardas necesarias para el Estado de Honduras, garantizando su aplicación objetiva», señaló Castro.
La presidenta añadió que esta medida asegura el respeto a la integridad de las Fuerzas Armadas, la «institución responsable de defender la soberanía, mantener la paz, hacer valer el imperio de la Constitución y garantizar la seguridad de nuestro proceso electoral democrático». Sin embargo, esta decisión de último minuto ha generado dudas sobre la estabilidad política de su gobierno y la posición del país en cuanto a su relación con Estados Unidos.
La decisión de Castro llega solo meses después de que, el 28 de agosto del año pasado, anunciara la denuncia del tratado, citando preocupaciones por la «injerencia» de Estados Unidos en los asuntos internos de Honduras. La medida de denunciar el tratado había sido impulsada tras la controversia generada por una reunión de autoridades hondureñas con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, sancionado por Washington. En ese momento, la mandataria había calificado de «intolerable» la actitud intervencionista de Estados Unidos hacia Honduras.
Ahora, con este giro en su política, Xiomara Castro intenta recomponer las relaciones con Washington, pero su retractación podría tener repercusiones no solo para su gobierno, sino también para aquellos allegados a su administración que se encuentran bajo la sombra de posibles investigaciones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado. Con el Tratado de Extradición aún vigente, los vínculos cercanos a la presidenta podrían verse en riesgo de ser expuestos a la justicia estadounidense.