Pocos días antes de asumir la presidencia de Honduras, Xiomara Castro sorprendió al país con fuertes declaraciones contra los encargados de la gestión del aeropuerto de Palmerola. En un claro acto de confrontación, la mandataria calificó el contrato que otorga el control del aeropuerto a una empresa privada como «ilegal» y un «monopolio», asegurando que este sería revisado y modificado durante su gobierno.
Sin embargo, casi tres años después de asumir el poder, aquella amenaza de revisar el contrato parece haberse quedado en simples palabras. No ha habido, hasta la fecha, ninguna acción concreta por parte de la presidenta Castro para cumplir con sus promesas de cambio. La situación de Palmerola sigue siendo la misma, y la población se pregunta por qué la mandataria no ha cumplido con su compromiso.
La reciente inclusión de Lourdes Pamela Blanco Luque, abogada privada y amiga cercana de la presidenta, en la Lista Engel por corrupción, ha arrojado nuevos elementos que podrían explicar la inacción del gobierno de Castro respecto a Palmerola. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Blanco Luque «socavó procesos o instituciones democráticas» al presionar a funcionarios públicos y utilizar sus conexiones con ellos para influir en decisiones gubernamentales y obtener resultados a su favor.
Lo que podría parecer un simple vínculo profesional, se complica al conocer que Lourdes Pamela Blanco Luque no solo es una amiga personal de la presidenta, sino que también es apoderada legal del grupo empresarial que maneja Palmerola, así como de otras empresas cuyas operaciones están bajo sospecha. Documentación exclusiva obtenida por Cholusat Sur revela que la abogada tiene un papel protagónico en el entramado empresarial que gestiona el aeropuerto y otras iniciativas cuestionadas.
Esta relación estrecha entre la presidenta Castro y Blanco Luque ha desatado sospechas de que los intereses comunes entre ambas partes podrían haber influenciado la falta de acción de la mandataria en relación al contrato de Palmerola. Este vínculo ha dado pie a especulaciones sobre un posible acto de corrupción que involucra tanto a la presidenta como a sus allegados más cercanos, con implicaciones directas en la toma de decisiones gubernamentales.
Mientras la presidenta Castro sigue sin dar pasos concretos hacia la modificación del contrato de Palmerola, la sombra de la corrupción y los intereses personales parece estar opacando sus promesas de cambio. La pregunta que muchos se hacen es si realmente se podrá confiar en que el gobierno de Castro actuará en beneficio del país, o si los lazos de poder seguirán prevaleciendo sobre las necesidades de la nación.