La reciente entrega de un cheque por 50 mil lempiras a Jorge Arturo Mondragón, propietario de una milpa afectada por el aterrizaje de un helicóptero privado que transportaba a la presidenta Xiomara Castro, pone nuevamente bajo la lupa el uso de recursos públicos y la transparencia en el gobierno. Lo que llama la atención no es solo el incidente en sí, sino que la compensación fue realizada con fondos del Partido Libre, el partido político al que pertenece Xiomara Castro, en lugar de utilizar dinero de sus propios recursos personales.
Si bien el gesto de indemnizar al afectado es comprensible, la decisión de no cubrir la reparación de los daños con sus propios fondos demuestra al desinterés por la correcta utilización de los recursos públicos. La mandataria, al ser la figura de mayor autoridad del país, tiene la obligación de dar ejemplo de responsabilidad fiscal y transparencia, especialmente en lo que respecta al uso de fondos provenientes de sus propios recursos.
El incidente también pone al descubierto la utilización de helicópteros privados por parte de la presidenta, lo cual ha levantado suspicacias sobre el costo de estos viajes y la falta de rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos o personales. Si bien la necesidad de viajar por motivos oficiales o de seguridad puede justificarse, el hecho de que una aeronave privada sea utilizada por una figura pública sin una clara explicación de los gastos involucrados alimenta la sensación de opacidad en la gestión pública.
A pesar de la justificación de que la indemnización se pagó a través de los recursos del partido político que lidera, no deja de ser cuestionable que una presidenta no haya considerado utilizar su patrimonio personal para cubrir una situación como esta, especialmente cuando se trata de una acción directamente relacionada con sus propios desplazamientos. La falta de un gesto personal, como el uso de sus propios fondos, podría interpretarse como una falta de empatía o de responsabilidad en el manejo de fondos ajenos.