El gobierno de Honduras, liderado por la presidenta Xiomara Castro, ha comenzado a desalojar y quemar las viviendas de personas pobres que habitan en áreas protegidas. Esta acción se ampara en un decreto de emergencia para la protección de los bosques, respaldado por un presupuesto de diecinueve mil millones de lempiras. Sin embargo, la forma en que se está implementando es carente de humanidad y previsión.
El Secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, anunció la medida en un mensaje contundente en sus redes sociales: “TIENEN 43 DÍAS PARA DESALOJAR: Toda infraestructura y actividad comercial dentro de núcleo de áreas protegidas será destruida: casas, carreteras, cultivos, dragas, maquinaria”. Esta declaración ha dejado a miles de familias en una situación de extrema vulnerabilidad, sin una solución clara para su futuro.
Lo que resulta más paradójico y preocupante es que, en medio de una emergencia medioambiental, el gobierno está optando por quemar las viviendas desalojadas. Esta práctica no solo agrava la crisis humanitaria al dejar a las personas sin hogar, sino que también incrementa la contaminación y contradice los objetivos de protección ambiental. Quemar casas no solo libera grandes cantidades de dióxido de carbono y otros contaminantes a la atmósfera, sino que también simboliza una alarmante insensibilidad hacia los derechos humanos básicos de los afectados.
La administración de la presidenta Castro no proporciona alternativas viables a las familias desalojadas. Sin garantías de un techo digno y sin apoyo para reubicarse, estas personas enfrentan un futuro incierto y precario. La falta de una política de reubicación y asistencia adecuada evidencia una preocupante desconexión entre las intenciones declaradas del gobierno y las necesidades reales de sus ciudadanos más vulnerables.
La protección del medio ambiente es, sin duda, una prioridad crucial. Sin embargo, existen enfoques más equilibrados y justos para abordar la conservación de los bosques sin recurrir a medidas tan extremas y deshumanizadoras. Estrategias como la reubicación planificada, la compensación justa y la creación de medios de vida alternativos pueden ofrecer soluciones sostenibles que no sacrifiquen los derechos y la dignidad de las personas.
Además, esta política draconiana de desalojo y destrucción contrasta fuertemente con las promesas de justicia social y derechos humanos que la presidenta Castro ha defendido. La falta de un enfoque integral y humanitario para gestionar esta crisis socava la confianza en su administración y plantea serias dudas sobre su compromiso con los principios que ha proclamado.
En conclusión, la decisión del gobierno hondureño de desalojar y quemar las viviendas de personas pobres en áreas protegidas es una medida criticable y contraproducente que no solo viola derechos humanos, sino que también aumenta la contaminación en nombre de la protección ambiental.