Los fiscales generales de Washington DC y Maryland demandaron este lunes al presidente de EEUU, Donald Trump, alegando que ha violado las cláusulas anticorrupción de la Constitución por el pago de millones de dólares de Gobiernos extranjeros a sus empresas.
El fiscal general de DC, Karl A. Racine, y el fiscal general de Maryland, Brian Frosh, ambos demócratas, basan su demanda en que Trump optó por «conservar la propiedad de su compañía» tras ganar las elecciones y aseguran que, pese a que anunció posteriormente que transferiría la gestión a sus hijos, «ha roto muchas promesas de mantener separado su deber público de sus intereses de negocios privados”.
Racine sostuvo este lunes ante los periodistas que gobiernos extranjeros están gastando dinero en los negocios del presidente para ganarse el favor en Washington. «Somos una nación de leyes, y nadie, incluido el presidente de los Estados Unidos, está por encima de la ley», subrayó.
«Nunca antes un presidente actuó de manera tan desdeñosa» afirma la querella en referencia a la relación entre los negocios privados de Trump y sus nuevas funciones como presidente.
La noticia la había revelado ya el domingo el diario The Washington Post, y en ella como ejemplo que su hijo Eric Trump ha dicho en público que su padre seguirá recibiendo actualizaciones regulares sobre la salud financiera de la compañía.
Trump cedió el control de su imperio empresarial a sus dos hijos varones adultos, pero no vendió sus bienes como pedían algunos sectores para evitar cualquier conflicto de interés.
Si un juez federal acepta que el caso siga adelante, uno de los primeros pasos sería pedir copias de las declaraciones fiscales de Trump (que hasta ahora se ha negado a presentar públicamente), según explicaron los fiscales al Post, para conocer hasta dónde llegan sus tratos de negocios en el extranjero.
Los fiscales reconocen que es probable que este litigio se acabe decidiendo en el Tribunal Supremo, por tratarse de una cláusula que recoge la constitución que, según ironizó Frosh, hace referencia a que “el presidente ponga al país primero, no sus propios intereses primero”.
Se trata de la cláusula de emolumentos extranjeros, que prohíbe a cualquier persona que trabaje en el gobierno federal recibir regalos de gobiernos extranjeros o pago alguno por servicios que se intercambien con ellos. Es decir, prohíbe la compensación.
Racine explicó al diario que se sintió en la obligación de tramitar esta demanda porque considera que el Congreso, de mayoría republicana, no se está tomando lo suficientemente en serio el conflicto de intereses de Trump como presidente, respecto a sus millonarios negocios como empresario.
Trump se enfrenta a una demanda similiar que fue presenda en enero por miembros de la sociedad civil, pero esta es la primera demanda de este tipo que presenta una entidad gubernamental contra el mandatario.-Univisión