Vladimir Putin decreta que Rusia deje la Corte Penal Internacional

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado un decreto para dejar de formar parte de la Corte Penal Internacional. El Ministerio de Exteriores ha justificado su decisión por la decepción que el funcionamiento del órgano internacional causa en el país. «La Corte Penal Internacional no ha cumplido con las expectativas y no puede convertirse en un órgano de Justicia verdaderamente independiente y prestigioso», según dice un comunicado del Ministerio. La medida entra en vigor este mismo miércoles.

La función de este tribunal fue siempre juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Precisamente esta semana, este tribunal había dado a conocer un comunicado donde señalaba que, desde su perspectiva, Rusia y Ucrania se encuentran involucrados en un conflicto armado. Crimea es considerado en ese texto un territorio ocupado por Rusia: un choque frontal con la postura rusa, que lo considera una «reunificación» democrática.

Moscú ya mostró su «preocupación» por la posición del CPI respecto a los hechos acaecidos en agosto de 2008, cuando Georgia atacó Tsjinvali, capital de Osetia del Sur, y las tropas rusas intervinieron militarmente. Osetia del Sur, igual que la vecina Abjasia, están ahora en la práctica bajo control ruso. Moscú critica que la investigación sobre lo que ocurrió esos días y el análisis a las órdenes dadas por los Tiflis fue entregada a la Justicia georgiana, en vez de recaer en los fiscales de la CPI.

El Estatuto de Roma del que Moscú se ha apartado este miércoles es la base de las actividades de la Corte Penal Internacional. Rusia lo firmó en el año 2000, pero no lo ratificó. Por eso, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional no se extiende a Rusia, ni tampoco a EEUU, China, Ucrania y otros países.

EEUU incluso ha aprobado leyes que prohíben a organismos federales ayudar a este tribunal. De hecho, la Fiscalía de la Corte había señalado recientemente que había razones de peso para creer que el ejército de Estados Unidos desplegado en Afganistán podría haber cometido crímenes de guerra: fundamentalmente torturas en campos secretos de detención.

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