Miembros de la Policía Municipal de Roatán, Islas de la Bahía, desalojaron -en medio de un forcejeo- a los inversionistas de la Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), conocida como Próspera, cuando estos supuestamente estaban «atemorizando» a los pobladores que perderían sus propiedades, en Crawfish Rock, si no apoyaban el proyecto.
En un video, que circula en las redes sociales, se ve como elementos de la Policía Municipal de la Isla subieron al estrado desde donde el extranjero «socializaba» lo que sería el distrito de desarrollo económico en el lugar, para quitarle el micrófono y terminar con la reunión.
En ese momento se produjo un forcejeo entre los uniformados y los guardaespaldas del empresario, quienes al final lo sacaron del lugar, suspendiendo así el acercamiento con los pobladores.
Algunos vecinos del sector, que comentaron el video en las redes sociales, explican que el desalojo se llevó a cabo debido al incumplimiento de las medidas de restricción que mantiene el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos(Sinager) en el país, sin embargo, otro sector asegura que se debe al temor que el inversionista estaba metiéndoles a los pobladores.
«¿Que le van a quitar la tierra a la gente?, como uno va estar de acuerdo con eso. Eso es muy grave y muy triste, que ha eso hemos llegado», declaró a El Heraldo el alcalde de Roatán, Jerry Hinds. Agregó además que «en medio de las prohibiciones para las agrupaciones de personas (por el covid-19), convocaron como si nadie los puede parar».
EL HERALDO también le escribió al gobernador de Roatán, Dino Silvestri, para aclarar la situación, sin embargo, hasta ahora no se ha recibido respuesta alguna.
¿Qué es ZEDE?
Según el gobierno, las Zonas de Empleo son áreas del territorio nacional sujetas a un «régimen especial» en las que los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias.
Eso significa que las ZEDE «deben establecer sus propios órganos de seguridad interna (…) incluyendo su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario», se estipula en su ley creadora, aprobada en 2013.
Y aunque sus tribunales internos seguirían siendo parte del sistema judicial hondureño, en principio estarían habilitados para funcionar «de manera autónoma e independiente y bajo el derecho anglosajón (Common Law)», para lo que incluso podrían recurrir a jueces extranjeros.-ElHeraldo.hn