El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en ejercicio de su independencia en el desempeño de sus funciones de defensa de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado de Derecho, ante la sociedad y el Estado de Honduras, expresa las consideraciones y formula las recomendaciones siguientes:
En Honduras, tanto el Estado como la sociedad hemos reconocido que sufrimos graves obstáculos y daños a nuestro proceso de democratización y desarrollo, provenientes del crimen organizado, la corrupción y la impunidad. Males públicos que son amenazas persistentes a nuestra seguridad, a la superación de la pobreza y a la creación de condiciones que permitan, al pueblo, el goce efectivo de los derechos humanos y del bienestar nacional. Esas amenazas irrespetan la dignidad de todas las personas; buscan debilitar la aplicación de la ley, la independencia y el funcionamiento debido de las instituciones judiciales y de los mecanismos independientes de control; y aprovechan toda situación, para crear confusión y violencia que atemorice a la población, disminuya su confianza en la institucionalidad y en los procesos electorales que conduzcan a elecciones auténticas, libres y justas.
En ese contexto, declaraciones de personas imputadas hondureñas juzgadas actualmente por delitos de narcotráfico o crimen organizado, en los Estados Unidos de América, han implicado supuestas relaciones con líderes y responsables políticos del ámbito nacional. Relaciones enlazadas y aludidas en mociones de fiscales norteamericanos en juicios contra dichas personas imputadas.
Aun cuando esas implicaciones no constituyan acusaciones ni prejuzgamiento de autorías o complicidades reales de las personas así relacionadas, ellas repercuten, en el ámbito nacional e internacional, sobre la confianza en la firmeza de la sociedad y el Estado de Honduras en la consolidación de la democracia con la vigencia efectiva del Estado de Derecho y de la protección, respeto y promoción de los derechos humanos de los habitantes.
En consecuencia, como Estado y sociedad, es ineludible demostrar fehacientemente nuestro deber y voluntad colectiva de enfrentar esas amenazas y nuestro compromiso con el Estado de Derecho que concierne directamente al ejercicio del poder público y al comportamiento de las personas en sociedad. En esa virtud, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos recomienda al Ministerio Público, con el apoyo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y con la esperada y obligatoria cooperación de los líderes y responsables políticos relacionados, que respetando adecuadamente la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso: realice pronta y diligentemente investigaciones de oficio y rinda cuenta de ellas a la sociedad, determinando las implicaciones internacionales de las alusiones a terceras personas hondureñas en los juicios sobre narcoactividad que se ventilan en los Estados Unidos de América y sus fundamentos, y precisando racionalmente y ejecutando las acciones de competencia nacional que procedan.