El magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ricardo Rodríguez, reveló que 768 parlamentarios entre propietarios y suplentes que estuvieron en los períodos 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018, son investigados por el manejo de los fondos asignados.
Ricardo Rodríguez, dijo que iniciarán con el período 2006-2010 y a medida que vayamos haciendo las auditorías, las vamos a ir presentando, haciendo el requerimiento a la persona para notificarle si hay hallazgo o está completo o incompleto.
Aseguró que las oficinas del ente contralor están disponibles para comenzar a recibir las declaraciones de liquidaciones de los más de 700 diputados investigados.
“Me imagino que muchos van a venir de los lugares más cercanos, pero estamos planificando de donde tengamos la mayor cantidad de liquidaciones y lo vamos a hacer por departamentos para ir avanzando. Vamos a iniciar con el período 2006-2010 por el motivo que es lo más antiguo”.
“Nos dieron un presupuesto para contratar el personal necesario para cumplir con la misión encomendada”, subrayó.
Igualmente, recordó que tienen hasta tres años para llevar a cabo las investigaciones que ordenó el Congreso el pasado 18 de enero mediante la reforma a la Ley de Presupuesto.
“La idea es que a medida vayamos haciendo las auditorías, las vamos a ir presentando para hacer el requerimiento o llamamiento a la persona para notificarle si está completo o si tiene algún indicio o responsabilidad civil o penal, inmediatamente va ser trasladada a donde corresponda”, dijo.
Sin embargo, se trata de auditorías especiales, por lo tanto, las unidades que investigarán serán también especiales. “Esa unidad dependerá de la gerencia del Tribunal de Cuentas, se pondrá personal especialmente para ello, le haremos el llamado al diputado para que traiga la documentación y en su defecto si está en Finanzas o el Congreso, a nosotros se nos va entregar”.
Advirtió que a los investigados que si resulten con responsabilidad civil, la misma será hecha pública para que se deduzcan las acciones que la ley ordena. “Si esta persona no puede demostrar su inocencia, definitivamente serán trasladados al Ministerio Público para que se proceda por responsabilidad penal o en todo caso se envían a la PGR para que proceda por la vía civil”.
Durante la última sesión parlamentaria del pleno de diputados 2014-2018, el pasado 18 de enero aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto que ordena que el manejo de recursos del fondo departamental sea investigado por el TSC antes que la Fiscalía intervenga con acciones en los tribunales de justicia.-LaTribuna.hn