Un informe del Tribunal Superior de Cuentas, TSC, concluye que las autoridades del Instituto Nacional Agrario, INA, favorecieron ilegalmente a la ex canciller Patricia Isabel Rodas Baca.
Las irregularidades cometidas en la compraventa de un terreno tienen vicios de responsabilidad penal, en que se habría incurrido en la gestión de Francisco Fúnez y Marco Tulio Cartagena, ex director y ex subdirector del INA, respectivamente, perjudicando los recursos económicos del Estado.
El INA lo adjudicó a Rodas por 33,400 lempiras. Luego ella vendió el inmueble al Estado por 2.6 millones de lempiras.
Lo anterior se desprende del Informe Especial No. 008-2009-DASEF-INA-A, del TSC, sobre la adjudicación de un terreno con título definitivo de propiedad a favor de la señora Patricia Isabel Rodas Baca y posterior venta al Instituto Nacional Agrario.
Según el informe, la ex funcionaria fue favorecida en la millonaria sobrevaloración de un terreno que vendió al INA.
La investigación especial del INA, hecha por el Departamento de Auditorías Sector Económico y Finanzas del ente contralor, comprende el período del 1 de julio de 2007 al 3 de noviembre de 2009.
Entre los objetivos de la auditoría está el comprobar la veracidad de los hechos contenidos en una denuncia interpuesta ante el TSC, mediante verificación de operaciones y registros contables.
Según los hechos, el 27 de octubre de 2009 la Dirección de Participación Ciudadana del TSC recibió la denuncia No. 0801-09-227 contra la ex canciller Patricia Rodas. En la denuncia se mencionan algunas irregularidades en la compra y venta de un predio de unas 155 manzanas, denominada La Concordia, propiedad del Estado de Honduras, ubicado en el municipio de Vallecillos, departamento de Francisco Morazán.
Hallazgos
Como producto de la revisión y del análisis de la documentación de soporte relacionada con las operaciones del INA, el TSC determinó hechos que contravienen algunas disposiciones legales y deficiencias de control interno.
Entre ellas, la carencia de investigaciones socioeconómicas que son requisito indispensable para determinar si la solicitante es apta para ser beneficiaria o no de la reforma agraria.
Otra conclusión el TSC determina que “el señor Marco Tulio Cartagena, subdirector del INA en ese período, autorizó la compra por L 2,678,803.05 del predio que el propio INA ya había adjudicado en años anteriores a la señora Patricia Isabel Rodas Baca por L 33,400.00, desconociendo el reclamo del grupo campesino Real Sociedad, en el que alegan que ya estaban en posesión del predio, erogando por el mismo terreno una cantidad mayor por la que la adjudicó”.