El Tribunal Superior de Cuentas efectuó una auditoria al Poder Judicial de Honduras y encontró una serie de irregularidades que lindan con la ilegalidad violentando la Constitución de la República y demás leyes.
El 24 de agosto del 2017, el órgano contralor del estado notifico al Magistrado Presidente del Poder Judicial de Honduras los hallazgos de una minuciosa auditoría practicada a ese poder del estado.
“Se determinó que el nivel de riesgo es moderado y el nivel de confianza es moderado” dice la auditoria.
El Tribunal Superior de Cuentas encontró que “el Poder Judicial recibió donación de bienes que registro como compras”.
La investigación revela que la Corte Suprema de Justicia suscribe contratos de arrendamientos los que deben pagarse en dólares lo que deviene en un grave perjuicio a este poder del estado ya que “esto puede generar un desfasé presupuestario para la operatividad institucional “advierte el TSC.
Esos contratos fueron revisados y se encontró “incumplimiento por parte del arrendador” asegura.
“El Poder Judicial no cuenta con un reglamento general que regule sus funciones administrativas”, lo anterior incumple preceptos constitucionales como ser el articulo 313 numeral 8, principios rectores de control interno institucional de los recursos públicos también viola las normas generales relativas a las actividades de control.
“Esto puede ocasionar un mal funcionamiento administrativo y por ende el incumplimiento a las tareas programadas por cada uno de los departamentos de la institución “asegura el TSC.
VEHÍCULOS ABANDONADOS
En su investigación, el TSC encontró que “algunos vehículos propiedad del Poder Judicial se encuentran en mal estado y en abandono en talleres mecánicos por negligencia y descuido”, especifica un caso en el que por una bomba de frenos un carro asignado al Presidente de la Corte, se encuentra abandonado en un taller cerca de la Morgue Judicial.
BIENES MUEBLES
“Los bienes muebles no se encuentran registrados en su totalidad en el subsistema de bienes SIAFI”, descubrió el TSC. “Hay bienes que no cuentan con una etiqueta de codificación ni señalización y ese inventario esta desactualizado”, destaca la auditoria.
GRAVE
“Algunos bienes inmuebles propiedad del Poder Judicial NO están legalizados, y otros no están registrados en el Registro de la Propiedad”.
ULTIMÁTUM ADMINISTRATIVO
El Tribunal Superior de Cuentas le dio un plazo de 15 días a Rolando Argueta, Presidente del Poder Judicial para que atienda las recomendaciones remitidas, brindándole así, un criterio de oportunidad para subsanar violaciones a la Constitución de la República, y a los deberes de los funcionarios públicos.
UN “CHIQUERO”
Imágenes exclusivas de la investigación efectuada por el TSC en poder de Cholusat Sur muestran el desastre en el que se encuentran las instalaciones del Poder Judicial.
Computadoras que aún pueden ser utilizadas, mesas, sillas y muchos más objetos de valor se encuentran almacenados en bodegas dentro y fuera de la Corte Suprema de Justicia.
Según el testimonio de empleados, Rolando Argueta habría girado órdenes precisas para que tantos objetos valiosos fueran amontonados para justificar el gasto en compras de nuevo equipo.
NOTA DE LA REDACCIÓN
A la hora de la publicación de este artículo, el Poder Judicial no nos respondió el cumplimiento de las recomendaciones del TSC argumentando que el Presidente Rolando Argueta esta fuera del país.