La audiencia preliminar que estaba prevista para el miércoles con Roberto David Castillo, uno de los implicados en el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016, fue pospuesta para otra fecha que no fue precisada, informó una fuente del poder judicial.
Atendiendo una solicitud de la defensa de Roberto David Castillo, de posponer la audiencia, el tribunal donde se ventila el caso ha accedido de común acuerdo entre las partes a posponerla para otro día, que será anunciado en su momento, agregó la misma fuente.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que la ambientalista asesinada era una de sus fundadores y coordinadora general, había convocado a diversos sectores para que asistieran al tribunal para que siguieran la audiencia preliminar «en este proceso por la búsqueda de justicia por nuestra compañera Berta Cáceres».
La reanudación de la audiencia, que de nuevo ha sido pospuesta a petición de la defensa de Castillo, dará paso al juicio oral contra el acusado, un ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA).
El pasado día 10, Bertha Zúniga, hija de la ambientalista asesinada, reveló en Guatemala la vinculación con actividades criminales del único autor intelectual procesado por el crimen de su madre, Roberto David Castillo.
Zúniga explicó en una conferencia de prensa que la participación de Castillo, actualmente en prisión preventiva, quedó al descubierto en un dossier llamado «Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía», presentado el 30 de agosto pasado por organizaciones de derechos humanos con sede en Estados Unidos y Bruselas.
Señalamientos
«Los chat de WhatsApp (mensajería instantánea) y las escuchas telefónicas presentadas en un juicio contra los autores materiales del crimen demuestran cómo los asesinos recibieron órdenes, apoyo logístico y luego dinero de actuales y antiguos gerentes de DESA y personal militar activo», aseguró.
Berta Cáceres se oponía a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en la comunidad del Río Blanco, en el occidente de Honduras, por considerar que le causaría daño al ambiente, lo que siempre rechazaron los ejecutivos de DESA.
Su hija señaló en Guatemala que el Tribunal de Sentencia hondureño determinó que ejecutivos y financistas de DESA conocían y dieron su consentimiento para el asesinato de Cáceres para «neutralizar su resistencia al proyecto».
Crimen
Berta Cáceres fue asesinada en su casa, en la ciudad de La Esperanza, en el occidente de Honduras.
Por su muerte violenta, en noviembre de 2018 la justicia de Honduras declaró culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados.
Los siete acusados declarados culpables son Mariano Díaz y Douglas Bustillo, exoficiales del Ejército de Honduras; Sergio Ramón Rodríguez, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte. Al acusado Emerson Duarte, en cuya casa en la caribeña ciudad de La Ceiba fue hallada la pistola con la que fue asesinada Cáceres, se le absolvió de toda responsabilidad penal.
Tres de los siete acusados, Mariano Díaz, Douglas Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez, este último ejecutivo de DESA, fueron condenados por el delito de asesinato.
Los otros cuatro acusados, Elvin Rápalo, Henry Fernández, Eilson Duarte y Oscar Torres, fueron condenados por los delitos de asesinato, y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido extranjero.
¿Presiones?
El día del crimen, Berta tenía como huésped al ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien resultó herido de bala en una oreja.
El abogado de DESA, Robert Amsterdam, desde Washington indicó entonces en un comunicado que hizo llegar a Efe, que el equipo de defensa de Sergio Ramón Rodríguez, ejecutivo de la empresa, rechaza el fallo. «El equipo de defensa del señor Rodríguez rechaza esta decisión y apelará, y tiene la intención de solicitar una compensación por la condena injusta y la violación de los derechos humanos ante varios organismos internacionales», enfatizó Amsterdam.
Según Amsterdam, «no hay duda de que este juicio fue objeto de una abrumadora campaña de presión internacional basada en afirmaciones falsas y ahora han obtenido el resultado deseado: una farsa con motivaciones políticas para encarcelar a un hombre inocente a pesar de la falta de pruebas». EFE