El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó ayer al Ministerio Público (MP) el Informe Especial No. 002-2020-CEAI-GAE-INVEST-H-B que contiene indicios de Responsabilidad Penal en seis hechos detectados en compras y contrataciones ejecutadas por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), en la Emergencia Sanitaria Nacional por el Covid-19:
1. Irregularidades en la compra de siete hospitales móviles y sus respectivas plantas de tratamiento.
2. Inconsistencias en la adquisición de ventiladores mecánicos.
3. Inconsistencias en el proceso de compra de 250,000 pruebas para covid-19 las que además se dañaron por mal manejo.
4. Contratación de empresa de familiar del Director Ejecutivo de Invest-H.
5. Inconsistencias encontradas en la compra de mascarillas.
6. Consejo Directivo de Invest-H no intervino oportunamente en compras realizadas.
Del análisis de las pruebas recabadas el TSC encontró méritos suficientes para remitir un nuevo informe al MP, por ser el ente facultado constitucionalmente para ejercer la acción penal pública ante los tribunales de justicia respectivos, tipificando los delitos que correspondan.
A dicho informe lo acompañó el oficio dirigido al fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, en el cual se pide proceder a realizar las acciones correspondientes, debido a que existen indicios de responsabilidad penal relacionados a la adquisición de 7 hospitales móviles (3 de 91 camas y 4 de 51) y 7 plantas de tratamiento de desechos médicos, compra de insumos de bioseguridad personal y equipo biomédico, así como la supervisión de planteles donde se instalarían dichos hospitales, entre otros.
Se concluye que “la Dirección Ejecutiva de Invest-Honduras, sin consultar a su Consejo Directivo como máxima autoridad y este Consejo sin ejercer las obligaciones que manda la Ley de la Cuenta del Milenio en base a ser su máxima autoridad, realizó en amparo a la emergencia sanitaria nacional desembolsos por valor de 60,757,587.50 dólares, más 21,535,986.76 lempiras, identificando, de acuerdo a lo demostrado en este informe perjuicios a la salud y la economía del país, ya que estas erogaciones lejos de contrarrestar la crisis sanitaria por el Covid-19, impidieron que la misma fuera atacada de manera adecuada”.
El presente informe integral reviste características de solidez y profesionalismo, contiene elementos para acreditar la existencia de indicios de responsabilidad penal, mismo que servirá de soporte al MP para el ejercicio de la acción penal pública ante los tribunales.
Las diligencias realizadas incluyen inspecciones y revisión documental obtenida en Invest-H, Salud y por asistencia internacional gestionada a través de la Cancillería de la República, a fin de constatar cada uno de los hechos identificados.
La amplia Auditoría Especial en Invest-H continúa, los informes se notificarán en la medida del avance de las acciones de fiscalización.
El TSC reitera su firme compromiso de velar por el correcto uso y destino de los fondos públicos asignados para atender la Emergencia Sanitaria Nacional por los efectos del covid-19.
Tegucigalpa M.D. C., 14 de octubre, 2020
PRIMER HECHO: IRREGULARIDADES EN LA COMPRA DE SIETE HOSPITALES MÓVILES Y SUS RESPECTIVAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó una serie de irregularidades detectadas en el proceso de compra de siete hospitales móviles y sus respectivas plantas de tratamiento de residuos médicos, realizado por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
La investigación especial constató atrasos injustificados en los tiempos de entrega, equipos ofrecidos incompletos y falta de cumplimiento en la prestación de atención técnica extranjera especializada para su instalación, proceso de contratación sin garantías, documentación de oferta de dudosa pertenencia de parte del proveedor, falta de supervisión de la construcción de hospitales por un tercero calificado, proceso llave en mano fallido, anticipo del 100% a proveedor no calificado entre otros.
Luego de revisar la oferta presentada por Elmed Medical System INC. dba HospitalesMoviles.com, proveedor de los siete hospitales móviles y siete plantas de tratamiento de residuos médicos, el TSC identificó una serie de situaciones irregulares en la selección de esa empresa como proveedora de los bienes en mención.
Entre ellas, que la información que acompaña la oferta presentada por Elmed Medical System INC. dba HospitalesMoviles.com no es propia de la empresa, se incluyeron fotografías de instalaciones hospitalarias móviles e imágenes de especificaciones técnicas de módulos hospitalarios ya instalados que pertenecen a las compañías Turmaks Health Care Mobile Solutions y SDI Global LLC, ambas con sede en Turquía, sin comprobar una relación comercial legalmente establecida entre estas empresas y el proveedor, que le permitiera presentar documentación de ellas en su oferta.
Lo anterior evidencia, que la empresa Elmed Medical System dba HospitalesMoviles.com no contaba con demostrada experiencia, por tanto recurrió de forma indebida al uso de información que no le pertenece para lograr una venta con el Estado de Honduras, de igual forma no se presentó evidencia que demuestre que las patentes de los hospitales ofrecidos estén registradas a su favor.
Sobre el particular, Invest-H no verificó la información presentada por Elmed Medical System dba HospitalesMoviles.com, ni tuvo la debida diligencia, haciendo las investigaciones pertinentes en relación a la capacidad de la empresa antes mencionada para la fabricación de este tipo de estructuras.
Por otra parte, la empresa Elmed Medical System dba HospitalesMoviles.com a pesar de haber presentado indebidamente documentos ajenos como parte de su oferta, sub contrató a la compañía Vertisa Cevre Teknolojileri como ensamblador de los módulos hospitalarios, quien al igual que su contratante no ha demostrado experiencia en el rubro.
Asimismo, se constató que Elmed Medical System dba HospitalesMoviles.com utilizó en las facturas de compra el código de certificación NATO/OTAN, NCAGE TH663, para contratar con países europeos, mismo que le pertenece a SDI Global LLC, con sede en Ankara, Turquía. Este hecho no fue denunciado oportunamente por las autoridades de Invest-H.
Por otro lado, se detectó un incumplimiento del compromiso contraído en el acuerdo de confidencialidad en relación a la preinspección del embarque.
En fecha 6 de mayo de 2020, se firmó un acuerdo de confidencialidad entre Elmed Medical System dba HospitalesMoviles.com e Invest-H, que tiene como finalidad la protección de información técnica relacionada con el diseño y construcción de los módulos hospitalarios comprados a esa empresa.
En el mismo documento, se incluyó la realización de una pre inspección de embarque, la que se realizaría en la ciudad de Ankara, Turquía, ciudad donde se estaban elaborando los módulos hospitalarios, dicha tarea se debía coordinar con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés).
El informe de pre inspección del embarque hubiera servido de base para conocer en ese momento la capacidad de la empresa Elmed Medical System dba HospitalesMoviles.com para cumplir con la entrega de los hospitales adquiridos por el Estado, sin embargo de manera negligente Invest-H no proporcionó a UNOPS, la documentación para realizar dicha pre inspección.
Otra irregularidad plasmada en el informe de TSC refiere al atraso no justificado en los tiempos de entrega de los hospitales móviles, con señales de retraso desde el pasado mes de abril. A pesar del incumplimiento en plazos de entrega, no existen solicitudes formales de prórroga por parte del proveedor; quien, faltando a la verdad alegó que los atrasos en las fechas de entrega se debían a las restricciones gubernamentales que Turquía había impuesto para movilización de la industria y comercio. Sin embargo, el TSC logró evidenciar a través de los canales diplomáticos respectivos, que no hubo restricción alguna para la producción, así como para el transporte de bienes comerciales, para el sector industria tanto a nivel nacional como internacional.
En el informe, el TSC establece además, que Invest-H debió ejercer el derecho de penalizar a Elmed Medical System dba HospitalesMoviles.com por los atrasos de 107 días en la entrega de los dos primeros hospitales móviles y de 95 días respecto a sus plantas de tratamiento por un valor de USD 6,184, 530.00. (Valor calculado al 30 de septiembre. Igualmente se calculará multa en un informe adicional respecto a los otros cinco hospitales y siete plantas de tratamiento).
Asimismo, el anticipo del pago del 100% del valor de la compra sin evidenciarse en la relación contractual la existencia de ningún tipo de garantía, el pasado 18 de marzo se firmó la primera de las dos órdenes de compra por USD15.9 millones, como anticipo por los dos hospitales de 91 camas; la segunda se firmó el 2 de abril por USD31,562,500.00, como anticipo del 100% del valor de un hospital de 91 camas, cuatro de 51 camas y siete plantas de tratamiento de residuos médicos.
“Invest-H decidió de manera irregular efectuar esta compra sin la existencia de un contrato, que norme las condiciones en las cuales se debía enmarcar esta compra”, cita el informe.
Cabe señalar que en todos los casos en que se autoricen pagos por adelantado, incluido el pago realizado a la firma de un contrato de bienes, obras o servicios de no consultoría, se requiere una garantía por pago anticipado.
Otras irregularidades refieren al proceso de llave en mano incumplido al no capacitarse al personal para la instalación de los hospitales, no se ha enviado el equipo faltante (ventiladores pulmonares) para el hospital instalado en San Pedro Sula, tampoco se envió personal técnico capacitado de fábrica para la instalación de los dos primeros hospitales y a la fecha, seis meses después de haber pagado en un 100 %, los hospitales no están instalados y puestos al servicio de la población.
Por lo anteriormente dicho, las autoridades de Invest-H debieron optar por otra forma de contratación o en su caso, formalizar un contrato con todos sus elementos.
SEGUNDO HECHO: INCONSISTENCIAS EN LA ADQUISICIÓN DE VENTILADORES MECÁNICOS
En la Investigación Especial el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó inconsistencias en la adquisición de 440 ventiladores mecánicos por parte de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), para ser utilizados en la Emergencia Sanitaria Nacional por el covid-19.
Al revisar las Órdenes de Compra 011-2020 y 022-2020, del 26 de marzo y 9 de abril del 2020, respectivamente, por 8,758,530.00 dólares (216, 999,643.65 lempiras al cambio local) la comisión de auditores del TSC observó que la administración de Invest-Honduras, autorizó desembolsos por valores significativos en concepto de anticipos del 75% y 80% para la compra de 350 ventiladores mecánicos, sin ningún tipo de garantía que cubriera incumplimiento, calidad, entre otros.
Cabe señalar que a la fecha los ventiladores no han sido entregados por los proveedores a pesar de que en las condiciones de compras se especifican los tiempos de entrega los cuales no se cumplieron en la tercera semana de junio y el 24 de julio.
Respecto al proveedor Dimex Médica, S.A de C.V., a quien según Orden de Compra 011-2020, se le pagó USD 786,030.00 por concepto del 80% de anticipo por la adquisición de 150 ventiladores mecánicos pulmonares, las entregas no se realizaron conforme a las condiciones pactadas.
De acuerdo a la Orden de Compra No. 022-2020, se erogó la cantidad de USD 4,972,500.00 correspondiente a un 75% de anticipo al proveedor Grupo Técnico, S de R.L. por la adquisición de 200 ventiladores mecánicos, quien se comprometió a entregar el equipo en la tercera semana del mes de junio de 2020, solicitó prórroga, pero a la fecha ha incumplido.
Invest-H ha puesto en precario el sistema nacional de salud, al no contar de manera oportuna con 350 ventiladores mecánicos, indispensables para atender a pacientes afectados con el virus covid 19 y que por lo avanzado de su situación deben ser ingresados a Unidades de Cuidados Intensivos de los diferentes centros hospitalarios del país, para lo cual el Estado ha erogado USD 8,758,530.00, cantidad que deberá ser recuperada por el Estado, ya sea exigiendo la entrega del equipo pagado para ponerlo al servicio inmediato de la Secretaría de Salud o la devolución monetaria del valor pagado más los cargos que este proceso conlleve.
Asimismo, se realizó otro anticipo del 80% a Dimex Médica S.A de C.V, por L1,857,600.00, correspondiente a la compra de 90 ventiladores mecánicos, quien según Orden de Compra N° 021-2020, del 9 de abril de 2020, se comprometió a entregar el producto ofrecido en la última semana de junio de 2020, pero al realizar las revisiones de las actas de entregas, se observó que dichos ventiladores no fueron entregados en la fecha establecida, sino hasta el 24 de julio.
Al momento de la recepción de los ventiladores solo se entregó el 50% de los circuitos descartables paciente adulto y pediátrico, completando el resto en el mes de septiembre, lo que evidencia incumplimiento en la forma de entrega y en los tiempos de recepción por parte de Invest-H.
Por dicho incumplimiento el TSC establece que el Estado de Honduras deberá aplicar la multa diaria, fijada en 0.36%, en relación con el monto total del saldo de contrato, misma que asciende a USD 209,168.19 (5,188,793.46 de lempiras al cambio local).
En la Investigación Especial el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó inconsistencias en el proceso de compra realizada por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) de 250,000 pruebas para covid-19, las que además se dañaron por mal manejo.
La comisión especial de auditores revisó la documentación de la compra efectuada por Invest-H, de 250,000 pruebas para detección del virus, valoradas en 1,875,000.00 dólares, a la compañía Bioneer Corporation, ubicada en Corea del Sur, que más costos de envío suma un total de USD1,932,550.00.
El TSC constató que no hay evidencia que se haya negociado los precios con otros proveedores para obtener las condiciones más ventajosas para el Estado, Invest-H se limitó únicamente a realizar la compra con referencia de un solo proveedor. Tampoco hay evidencia que se obtuviera un dictamen de especificaciones de un experto, que asegurara la efectividad de diagnóstico, previamente a la adquisición.
Se confirmó que Invest-H aceptó realizar un anticipo mayor al permitido, sin establecerse las garantías correspondientes, ya que se efectuó el 100% del pago de la totalidad de la compra por 1,875,000.00 dólares, mediante el F01-00393-01-01, transferidos los fondos al Proveedor en fecha 06 de abril de 2020, mediante transacción número D09704744782 del New York Citibank-Fl.
En la inspección realizada al arribo al país la comisión especial de auditores constató que 250,000 pruebas para detección del virus COVID-19 se dañaron por falta de cuidado en la cadena de frio, ya que de las pruebas en mención fueron recibidas por Invest-H (100,000) con temperaturas mayores a los -20 grados centígrados, temperatura mínima en la que se debían mantener según el proveedor, y el resto aún se mantienen en custodia de DHL sin que Invest-H las haya recibido.
Por consiguiente, las pruebas AccuPower SARS-CoV-2 Tiempo Real RT-PCR del primer lote, descritas en el párrafo anterior, no pudieron ser utilizadas en la detección del virus SARS-CoV-2. Real-Time RT-PCR, por estar dañadas.
Los 150,000 kits restantes, ya pagados por el Estado, llegaron al país en fechas 21 y 28 de abril de 2020, cuatro días después de lo convenido por medio de la empresa DHL. No obstante, las mismas no fueron recibidas por parte de Invest-H, consecuencia lógica tampoco fueron entregadas a la Secretaría de Salud, sin evidencia de que se hicieran las diligencias pertinentes por la administración de Invest-H, a fin de que se tuvieran acceso a los insumos para su aplicación.
Invest-Honduras realizó gestiones de reclamo ante el proveedor Bionner Corporation, para la reposición de 150,000 pruebas, obteniendo como resultado que el proveedor ofreció, como acto de buena fe, reponerlas a un costo de 2.00 dólares cada uno, el cual originalmente era de 7.50, más el transporte y el seguro. Asimismo, se hicieron gestiones que resultaron infructuosas ante la embajada de Corea para el financiamiento del costo de reposición de esas pruebas.
El TSC no encontró evidencia que Invest-H, en cumplimiento de sus deberes, haya efectuado las averiguaciones y los reclamos formales y legales correspondientes a los responsables, para resarcir el daño al Estado de Honduras por las 250,000 pruebas covid-19, no aptas para su aplicación desde la fecha que llegaron al país.
Los hechos descritos anteriormente, han provocado que en el proceso de adquisición de 250,000 kits AccuPower SARS-CoV-2 Tiempo Real RT-PCR mas envíos y seguros, el Estado haya erogado USD 1,932,550.00, sin que el producto objeto del proceso de compra mal manejado por parte de Invest-H, haya cumplido con la necesidad de brindar con mayor precisión información sobre el comportamiento del covid-19, , al no haber sido proporcionados a la Secretaría de Salud esta cantidad importante de Kits de pruebas para enfrentar la pandemia.
Derivado de lo anterior, no se pudo aprovechar la oportunidad, de aplicar diariamente cantidades importantes de pruebas para detección de contagios de covid-19, lo que hubiera dado información más precisa a quienes dirigen las políticas sanitarias del país, para establecer rutas de contención del avance del virus.
CUARTO HECHO: SE CONTRATÓ EMPRESA DE FAMILIAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE INVEST-H
La cuarta inconsistencia detectada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) refiere a la suscripción de un contrato de supervisión de plantel para instalación de hospital móvil en Santa Rosa de Copán, mediando conflicto de interés entre el presidente del Consejo Administrativo de la empresa supervisora y el Director Ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
El TSC revisó el contrato suscrito por Invest-H con la empresa constructora Consultores de Ingeniería S. A. de C.V. (CINSA), para la Supervisión de Obra de Construcción de Plantel e instalación de Hospital de aislamiento móvil de 51 camas, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, por un monto de L1,201,386.76.
De acuerdo a la información solicitada por el TSC y remitida por el registrador de la propiedad mercantil de Francisco Morazán, según escritura Pública No. 667 de fecha 05 de septiembre de 2018, en el punto número 6, la Asamblea General de CINSA elige el Consejo de Administración y el Comisario para el período 2018-2019.
Se observó que el Director Ejecutivo de (Invest-H) tiene un parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad con el Presidente del Consejo Administrativo de CINSA, tal como lo demuestra la documentación remitida a la comisión de auditores por parte del Registro Nacional de las Personas donde se evidencia que el Director Ejecutivo de INVEST- H es sobrino del presidente del consejo de administración.
Mediante Oficio N° 039-2020, del 14 de agosto de 2020, el equipo de auditoría del TSC solicitó a la Comisión Interventora de Invest-H información sobre los hechos antes descritos.
En el oficio DL-092520-06, del 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interventora respondió lo siguiente: “El proceso para la adjudicación de los contratos correspondientes a la supervisión y obras de los planteles donde se emplazarán los siete (7) hospitales móviles fue realizado mediante el uso de la modalidad de contratación directa, debidamente facultada por el Decreto Ejecutivo PCM 005-2020, Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 y el Decreto Legislativo No. 33-2020, y de conformidad a lo descrito en la guía de Adquisiciones de MCC, a solicitud de la Secretaría de Salud a través de Oficio No. 630-SS-2020. B. Hemos buscado exhaustivamente en la documentación que consta en esta Institución y no hemos encontrado una evidencia que nos indique que se hayan realizado acciones concretas para mitigar el conflicto de interés en este proceso en particular.”
Lo anterior evidencia que la Dirección Ejecutiva de Invest-H no estableció los procedimientos adecuados, no se ajustó a los Lineamientos de Adquisiciones que es el documento que regula sus procesos de contratación, firmó un contrato para la supervisión de la construcción del plantel donde se instalará el hospital móvil en Santa Rosa de Copán con la empresa CINSA, de la cual su presidente del consejo de administración es su pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad con el Director Ejecutivo de Invest-H, por tanto socio de la misma, derivando un conflicto de interés.
QUINTO HECHO: INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN LA COMPRA DE MASCARILLAS
En la Investigación Especial el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) constató irregularidades en los procesos de compra de mascarillas ejecutados por la pasada gestión de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), para la atención de la Emergencia Sanitaria Nacional por el covid-19.
Se verificó la compra de mascarillas a precio mayor que otro ofertado; asimismo, durante este proceso se otorgó anticipo del 40% a un proveedor que renunció brindar el insumo, devolviendo el dinero extemporáneamente sin costos financieros a favor del Estado.
Al revisar la documentación que soporta las órdenes de compra de mascarillas la comisión de auditores del TSC constató que Invest-H negligentemente, no se aseguró de incluir las condiciones que debían proteger al Estado, dejándolo en una situación de indefensión ante un eventual reclamo.
Por consiguiente, las mejores condiciones para el Estado en estas compras, no se establecieron en la documentación contractual que se firmó, para tal efecto.
Asimismo, en la Investigación Especial se verificó que Invest-H eligió a la oferta más alta para la compra de las mascarillas; además no existió ninguna negociación con los proveedores seleccionados para realizar las compras de los insumos de protección personal.
Según la orden de compra No. 017-2020 del 9 de abril de 2020, Invest-H realizó una compra de 150,000 unidades de mascarillas descartables HN95 (95% de filtración sin válvula) a la empresa Access Telecom a un precio unitario de L116.32, siendo la que ofertó el precio más alto, en comparación a la orden de compra No. 019-2020 de Grupo GYT, quien un día antes, el 8 de abril, ofreció cada mascarilla N95 a L107.25, según consta en la orden de compra 019-2020.
Como se observa, Invest-H seleccionó dos empresas proveedoras de mascarillas de las mismas características, de las cuales se eligió la oferta más alta, sin evidenciar motivos por los cuales no se hizo un solo pedido a la empresa a la que un día anterior se le compró a un precio menor, demostrando falta de planificación al momento de ejecutar las compras.
Asimismo, al analizar las órdenes de compra se constató que Invest-H concedió indebidamente un anticipo del 40%, que equivale a L20,334,600.00, para la entrega de mascarillas a la empresa Grupo GYT S.A de C.V, se comprobó que este anticipo es superior al que establecen los Lineamientos de Adquisiciones para la MCC (Corporación Desafío del Milenio).
Lo anterior permitió que Invest-H con la actuación injustificada y negligente, por no haber establecido condiciones contractuales favorables al Estado y sin tener justificaciones para la elección de la oferta de mayor precio, realizara compra de mascarillas con diferencia significativa de precios de un día a otro, lo que se tradujo en un valor total de USD72,978.73.
Asimismo, la demora en la devolución del anticipo realizado a la empresa GYT, generó que el Estado haya dejado de percibir un costo financiero por la cantidad de L348,794.88.
SEXTO HECHO: CONSEJO DIRECTIVO DE INVEST-H NO INTERVINO OPORTUNAMENTE EN COMPRAS REALIZADAS
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) encontró una falta de involucramiento del Consejo Directivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) para decidir cómo última instancia lo relacionado a compras y contrataciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de esa institución.
Con el fin de agilizar los procesos de compra necesarios a implementar para hacer frente a la emergencia sanitaria nacional, el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo N° 31-2020 para que la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y otras entidades públicas o público privadas, pueden suscribir convenios con Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), a fin de realizar compras y contrataciones directas de obras, bienes y servicios.
Siendo que dicho Decreto Legislativo obliga a Invest-H a suscribir convenios con ciertas instituciones, el Consejo Directivo de esa institución, como máxima autoridad, debió reunirse de manera extraordinaria a fin de definir las condiciones en que se recibirían y ejecutarían por parte del Director Ejecutivo los convenios antes enunciados.
En fecha 16 de marzo del año en curso, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, envío al director ejecutivo de Invest-H, Marco Bográn, el oficio N° 630-SS-2020, mediante el cual, siguiendo las instrucciones del Señor Presidente de la República le expresa el interés de esa Secretaría “para que Invest-H, interponga sus buenos oficios para la compra, construcción o adecuación de obras de infraestructura médica provisional bajo parámetros.”
Entre los parámetros está la adquisición directa al proveedor idóneo de 7 hospitales de aislamiento necesarios para la atención de infectados con el covid-19, de todos los servicios conexos y de consultoría para su instalación y puesta en funcionamiento, la compra de equipo médico hospitalario, insumos, material clínico, por lo menos 200 unidades de cuidados intensivos, repuestos y equipo de reparación.
En base a la expresión de interés que la Secretaria de Salud expusiera al Director Ejecutivo de Invest-H, este, de manera unilateral procedió a la compra de hospitales, equipos médicos, insumos de protección personal, contratación de personal y contratación y supervisión de obras, iniciando con la Orden de compra S/N pagada mediante documento de ejecución del gasto F-01 00365, de fecha 19 de marzo del año en curso.
Al respecto se efectuó la compra de 7 Hospitales móviles y 7 plantas de tratamiento de residuos médicos, equipo biomédico y de bioseguridad personal, transporte interno de hospitales, insumos biomédicos, contratación de especialistas, construcción y supervisión de planteles.
De acuerdo a la documentación relacionada con dichas compras, el TSC evidenció que el Director Ejecutivo de Invest-H, como parte de sus obligaciones que la Ley de la Cuenta del Milenio le ordena, no sometió a aprobación del Consejo Directivo de esa institución la solicitud de la Secretaría de Salud ni su decisión de realizar las compras por cuenta propia.
De igual manera, el TSC evidenció que el Consejo Directivo de Invest-H, como máxima autoridad de esa institución, según lo expuesto en el artículo 6 de la Ley de la Cuenta del Desafío del Milenio, no se pronunció de manera oportuna en relación a los procesos de compra que estaba realizando su Director Ejecutivo.
Igualmente, por mandato de esa misma Ley en su artículo 19, numeral 2, el Consejo Directivo debió aprobar todo lo relacionado con procesos de compra que la Dirección Ejecutiva de Invest-H iniciara, ya que el Decreto Legislativo 31-2020 es claro en la instrucción a Invest-H y no a su Director Ejecutivo.
Por lo antes expuesto, el Director Ejecutivo de Invest-H, como empleado supeditado a su Consejo Directivo, debió notificar de la expresión de interés de la Secretaría de Salud.
No obstante lo anterior, el Consejo Directivo, como máxima autoridad de Invest-H debió haber tomado acciones desde el día de publicación del Decreto Legislativo 31-2020 de fecha 13 de marzo de 2020, al conocer que los procesos de compra estaban en desarrollo, ya que eran públicos; debió convocar a sesión extraordinaria tal como lo manda el Reglamento de la Ley de la Cuenta del Desafío del Milenio con el fin de cuestionar al Director Ejecutivo y reorientar sus acciones en relación a las compras que estaba realizando al margen de su máxima autoridad.
El artículo 11 del Reglamento de la Ley de la Cuenta del Desafío del Milenio dispone que el Consejo Directivo sesionará mensualmente de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuando sean convocados por el presidente o a petición de por lo menos dos de sus miembros.
El TSC logró comprobar que la última reunión de Consejo Directivo antes de la declaración de emergencia sanitaria nacional quedo plasmada en el acta N° 85 del viernes 31 de enero de 2020, en la cual lógicamente no se trató asunto alguno relacionado con el tema ya que la emergencia sanitaria nacional aún no había sido decretada, tampoco el Decreto Legislativo 31-2020 había sido creado.
La siguiente sesión se llevó a cabo hasta el lunes 27 de abril de 2020 según lo relatado en acta N° 86 de Consejo Directivo, ya cuando todas las compras que la Dirección Ejecutiva de Invest-H en atención a la emergencia sanitaria nacional estaban realizadas.
Según el TSC queda evidenciado que el Consejo Directivo de Invest-H sin justificación alguna, omitió realizar sus funciones de acuerdo a la Ley por ende, permitió que su Director Ejecutivo realizara por propia cuenta compras directas amparado en el Decreto Legislativo N° 31-2020.
Lo anterior provocó que las compras que el Director Ejecutivo de Invest-H realizara en atención a la emergencia sanitaria por covid-19, se ejecutaran sin contar con el involucramiento directo de su máxima autoridad, es decir el Consejo Directivo de Invest-H, quien debe, según el artículo 19 numeral 2) decidir cómo última instancia todo lo relativo a la definición, contratación, ejecución supervisión y seguimiento del programa, dando inicio de esta manera a procesos de compra sin control y sin cumplir con la legalidad establecida en la Ley de Cuenta del Milenio y su Reglamento que regula las acciones de Invest-H, permitiendo que a la fecha se efectuaran desembolsos por valores de USD60,757,587.50, más L20,334,600.00 y la suscripción de un contrato de supervisión de obra en el cual medió conflicto de intereses por valor de L1,201,386.76.
Los procesos anteriores se han realizado provocando perjuicios al Estado por haber contratado sin las formalidades que exige una relación contractual, por haber recibido los bienes objeto de dichas compras de manera incompleta, fuera de los tiempos establecidos tomando en cuenta la emergencia nacional y peor aún otros de los cuales existió pérdida total (pruebas covid-19), así como la suscripción de contratos mediando conflicto de intereses, todo por no haberse ajustado a lo que indican los Lineamientos Adquisiciones MCC, acción que debió ser evitada si el Consejo Directivo de Invest-H, como máxima autoridad de esa institución hubiera procedido de acuerdo a lo estipulado en la Ley de la Cuenta del Milenio.
Procesos de Compra en Dólares
2 Hospitales móviles (91 camas c/u) pago del 100% $ 15,900,000.00
5 Hospitales Móviles (uno de 91 camas y cuatro de 51 camas) 30,950,000.00
7 plantas de tratamiento de residuos médicos pago del 100% 612,500.00
Ventiladores Mecánicos (75 y 80 % de anticipo) 11,362,537.50
Pruebas Covid (pago del 100%) 1,932,550.00
Total desembolsos en Dólares 60,757,587.50
Procesos de Compra en Lempiras
Contrato de supervisión de obra (sin registro de haberse pagado) L. 1,201,386.76
Compra de Mascarillas (anticipo del 40 %) 20,334,600.00
Total desembolsos en Lempiras 21,535,986.76
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