¡TELEFONAZO! GOBIERNO APRUEBA “NEGOCION” A TRANSNACIONALES TIGO Y CLARO

A la mortal presencia del Covid-19, se suma con todo vigor la corruptovirus, eterna pandemia que ha cobrado millones de vidas en la historia del pueblo hondureño, tanto así, que el pasado viernes 3 de abril, en medio de las medidas de emergencia, el Congreso Nacional aprobó una serie de negocios tecnológicos sin licitación para las telefónicas extranjeras Tigo y Claro.

Para conocer a fondo el tema, Periódico EL LIBERTADOR se ha entrevistado con el extitular de Conatel, el abogado Rasel Tomé, que cuestiona que los negocios de telecomunicaciones no tienen nada que ver con una acción para atender la emergencia nacional. En este diálogo ahonda en distintas aristas de la decisión del gobierno al favorecer a las telefónicas extranjeras.

Después de Covid-19 surgirán otros negocios para las empresas de telefonía, entre otros, “la “telesalud” y la “teleducación” y todos los sistemas que hay que realizar por el mecanismo digital, que es hacia dónde va la sociedad con la información, la inteligencia artificial y los procesos de teletrabajos y teleservicios, deben realizarse de forma transparente con informes a la sociedad”, advierte Tomé.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La emergencia nacional por el coronavirus (Covid-19), no a todos les ha impactado igual; para la clase política gobernante y para el capital que respalda a Juan Hernández, la pandemia abre las puertas para más negocios con los bienes del Estado, que con las leyes aprobadas desde el Congreso Nacional, se garantiza regalos a una clase ya súper privilegiada como el mercado cautivo de las telecomunicaciones en Honduras en manos de sólo dos empresas extranjeras.

Con ojos de halcón, se han fijado en el espectro radioeléctrico luego que el Congreso facultara el pasado viernes 3 de abril en la ley de “Auxilio al sector Productivo” para que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) pueda negociar de mutuo acuerdo los contratos de concesión y hasta nuevas licencias de operación con las empresas de telefonía móvil Tigo y Claro.  

Esta medida ha sido llamada por Canal 36 “el negocio del Covid” y ha sido criticada por el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, que asegura hay un “negoción”. Literalmente ha escrito en su cuenta de Twitter: “Qué han hecho o en qué han beneficiado @TigoHn y @clarohonduras a usuarios hondureños como para que el Gobierno, bajo pretexto de la emergencia, les amplíen contratos de concesión de telefonía móvil y les otorque nuevas licencias. Ese es un enorme NEGOCIÓN. Exigimos explicaciones”, dijo en su cuenta de Twitter.

Para conocer a fondo el tema, Periódico EL LIBERTADOR se ha entrevistado con el extitular de Conatel, Rasel Tomé (foto más abajo), quien asegura que en medio de una emergencia nacional por pandemia no tiene nada que ver los negocios de las telecomunicaciones.

– ¿Qué significado tienen estos artículos que aprobó el Congreso?

– Desde que estaba en discusión este decreto que lo hacen en el marco de las medidas a adoptar en medio de la pandemia del coronavirus (Covid-19), elevamos la voz de denuncia, pronunciándonos, defendiendo el derecho del pueblo hondureño porque el espectro radioeléctrico le pertenece a todos los hondureños y el mismo es administrado por Conatel; pero aquí, en medio de la pandemia, han aprobado unos artículos que hay que ponerle mucho ojo, porque pueden ser elementos de corrupción. El Estado asigna las concesiones mediante procesos de licitación y subasta para obtener recursos, ya que ese bien es un bien escaso y debe ser administrado eficientemente. Hoy se está adjudicando la banda ancha que es la que permite realizar un flujo de información de alto paquete, es decir, de alta capacidad, entonces, la banda ancha que debió haberse sometido a concurso para ver cuál de los operadores ofrecía lo mejor. Pero en medio de la emergencia le autorizan a Conatel para que pueda negociar con los operadores de telefonía móvil PCS (Servicio de Comunicaciones Personales), que son las dos empresas Tigo y Claro. Esto debe ser revisado y estudiado por los entes contrastadores del Estado porque podría estarse realizando un acto de corrupción.

La “telesalud” y la “teleducación”, y todos los implementos que hay que realizar por el mecanismo digital, que es hacia donde va la sociedad con la información, la inteligencia artificial y los procesos de teletrabajos y teleservicios, deben realizarse de forma transparente con informes a la sociedad y en este caso, si los hondureños estamos sometidos a una cuarentena en un proceso de contención de la pandemia como lo dice la OMS, si los que están desde este gobierno y la dictadura, desde el Poder Ejecutivo envían un decreto y convoca al Congreso para aprobar medidas con relación a la crisis ¿qué tiene que ver la banda ancha con eso?, ¿qué tiene que ver los negocios que le están autorizando a Conatel que realice con las empresas de telefonía celular?, ¿o es que a cambio de cincuenta mensajitos que le dan a cada ciudadano les dicen que les van a dejar la banda ancha?, todas estas preguntas tiene que contestarlas la dictadura, nosotros hoy podemos elevar nuestra voz en nombre del pueblo hondureño exigiendo rendición de cuentas y transparencia en la administración del espectro radioeléctrico que es un bien que nos pertenece a todos.

– ¿A quién beneficia estas medidas?

–  Esto beneficia a las dos empresas de telefonía de celular instaladas, a las empresas Tigo y Claro, estos artículos tienen dedicatoria, allí le dicen a Conatel que vaya a negociar con estas empresas y a través de esa solicitud, según los artículos aprobados, a través de esa solicitud Conatel les otorgue rangos de frecuencia disponibles del espectro para usar esa metodología de la banda ancha, es decir, que aquí lo que observamos y lo preocupante es que en medio de una situación de emergencia se quiere favorecer a dos empresas que tienen el monopolio de la telefonía celular y que se ha concentrado en ellas toda la banda del PCS porque la empresa estatal que es Hondutel no ha podido fortalecerse y no se encuentra en una condición favorable que podría ser la empresa por donde se podría prestar este servicio de la banda ancha, esas son las inquietudes y las interrogantes, por eso es que nosotros estábamos hablando de traer a la empresa Digicel por 1,600 millones de lempiras y las administraciones de aquí le entregaron a Tigo por cinco millones y a la otra empresa Megatel (Claro) por otra cantidad pequeña de ocho millones. Allí es donde se observa que el bien de mayor valor, que es el espectro radioeléctrico, si no se administra con honestidad, si no se administra a favor del pueblo hondureño, los únicos beneficiados son empresas transnacionales de la telecomunicación.

– ¿Cuánto dinero estará perdiendo el Estado de Honduras por esta ley?

– Creo que sería importante hacer comunicaciones con los ingenieros expertos en el mercado de la telefonía de cuánto estaría valorado el espectro hondureño, en este caso de la telefonía de la banda ancha, también conocer cuánto sería la porción de espectro, el ancho de la banda y cuál sería el valor que correspondería la concesión para saber por cuánto es que el pueblo hondureño estaría siendo afectado al no realizarse un proceso transparente. Y la pregunta más importante… la dictadura, viendo que estamos en una pandemia, por qué en lugar de estar resolviendo algunos problemas inminentes como es la bioseguridad de los doctores, enfermeras, la distribución de comida, las condiciones para poder reactivar la economía y la dinámica social, algunas dinámicas que presentó mi partido y que no se tomaron en cuenta, pero si se presta para aprobar estos artículos que van destinados a las empresas de telefonía celular donde Conatel va a estar otorgándole solicitud sobre el espectro radioeléctrico.

A continuación los artículos 21 y 22 de la “Ley de Auxilio del Sector Productivo”, hecho ley el pasado viernes 3 de abril:

SECCIÓN SEXTA

AUTORIZACIÓN A CONATEL PARA ACELERAR

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE

BANDA ANCHA, CREACIÓN DE PLATAFORMAS

ELECTRONICAS DE SERVICIOS, MODIFICACIÓN DE

CONTRATOS DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIOS

PERSONALES (PCS)

ARTÍCULO 21.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), podrá ampliar de mutuo acuerdo los Contratos de Concesión suscritos con los operadores de Telefonía Móvil Celular y del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS), aprobados por el Congreso Nacional de la República, mediante Resolución del Pleno de la Comisión, debiendo notificar al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y realizar la publicación del mismo en el Diario Oficial “La Gaceta”, para que surta efectos legales.

ARTÍCULO 22.- Asimismo se autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para que otorgue Licencias a petición de parte a los operadores de Telefonía Móvil Celular y Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) en los rangos de frecuencias que se encuentre disponibles, Espectro radioeléctrico que será asignado de acuerdo a metodologías internacionales de valorización de espectro.