Mientras en Argentina la Corte Suprema dejó firme la condena contra la expresidenta Cristina Fernández por corrupción en obras públicas, en Honduras la justicia mantiene intacto su silencio ante señalamientos graves que involucran a figuras clave del actual gobierno. La decisión del máximo tribunal argentino ha generado un efecto dominó en la región, evidenciando las diferencias en el combate a la corrupción, especialmente entre quienes hoy gobiernan y sus aliados.
Cristina Fernández, una figura histórica del kirchnerismo, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, luego de que se confirmaran irregularidades durante su mandato. A pesar de su intento por regresar a la vida política como candidata en las elecciones legislativas, el fallo de la Corte frenó sus aspiraciones y podría llevarla a cumplir condena, incluso con posibilidad de prisión domiciliaria.
Este episodio cobra una dimensión distinta en Honduras, donde la mandataria Xiomara Castro, amiga personal y aliada ideológica de Fernández, ha expresado públicamente su admiración por la expresidenta argentina. Sin embargo, mientras en Buenos Aires la justicia avanza incluso contra líderes históricos de la izquierda latinoamericana, en Tegucigalpa el panorama es diametralmente opuesto.
Durante la actual administración, han surgido múltiples cuestionamientos relacionados con el uso de recursos públicos, la falta de transparencia en contrataciones estatales y el creciente poder político de figuras familiares o cercanas al círculo presidencial. Pese a ello, ningún proceso judicial ha prosperado, y más bien, se ha consolidado un ambiente de blindaje político para quienes integran el círculo de confianza del Ejecutivo.
El contraste no solo expone el debilitamiento institucional de Honduras, sino también el doble discurso que rodea a quienes, desde el poder, se presentan como promotores de la justicia social, pero toleran —o protegen— actos de opacidad y abuso de poder.
La cercanía entre Castro y Fernández resalta como un símbolo de esa contradicción. Mientras una enfrenta a los tribunales de su país y queda fuera de la contienda electoral, la otra encabeza un gobierno donde los escándalos se archivan sin respuesta y las críticas se enfrentan con descalificaciones.
En América Latina, donde el discurso político suele invocar principios de justicia y soberanía popular, la ejecución de la ley sigue siendo el termómetro real de la democracia. El caso argentino deja claro que ningún cargo exime de responsabilidad. En Honduras, en cambio, el poder sigue siendo un escudo.