Suecia reclamó hoy al Gobierno de Honduras una investigación «inmediata e independiente» del asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres, ocurrido el pasado día 3, y expresó su preocupación por las condiciones de «vulnerabilidad» de los defensores humanitarios en este país.
El embajador de Suecia en Guatemala y concurrente en Honduras, Georg Andren, condenó el asesinato de Cáceres y del también dirigente indígena Nelson García, quien murió este martes por heridas de bala en el norte del país centroamericano.
«Es imprescindible que las investigaciones de los asesinatos sean inmediatas, independientes y resulten en condenas de los autores materiales así como intelectuales», subrayó el diplomático en una rueda de prensa en Tegucigalpa.
Cáceres, una destacada defensora de los recursos naturales frente a la construcción de proyectos hidroeléctricos, fue asesinada dentro de su casa en el occidente de Honduras, pese a que tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«El horrible asesinato de Berta Cáceres además visibiliza la importancia de prestar particular atención a mujeres defensoras y el rol de mujeres en políticas de seguridad», enfatizó el embajador sueco.
El asesinato de los dos dirigentes indígenas demuestra «la vulnerabilidad de (los) defensores de derechos humanos, en particular defensores de los pueblos indígenas y defensoras mujeres», subrayó, e instó a la comunidad internacional a «avanzar en la protección de los defensores».
Además calificó esos crímenes como «hechos cobardes» y «trágicos», aunque resaltó que ese tipo de asesinatos ocurren en Honduras, al igual que en otros países del mundo, donde los activistas humanitarios «pierden su vida en la lucha por la justicia y por una vida digna».
El diplomático enfatizó que el crimen de Berta Cáceres es «un ataque contra los y las defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras y en el mundo entero».
Por ello, considera necesario que en las investigaciones se estimen «las implicaciones del trabajo» que tenían en este ámbito Berta Cáceres y Nelson García.
Además instó a las autoridades hondureñas a «asegurar la protección y seguridad» a las familias de ambos dirigentes indígenas, así como a los miembros del Consejo Cívico de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), del que Cáceres era su coordinadora y cofundadora.
El embajador de Suecia apuntó que su país apoya la solicitud de Honduras de que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, asesore la investigación en ambos crímenes.
«Un acompañamiento internacional en los esfuerzos de brindar justicia en estos casos puede servir como una medida de fortalecer la confianza en la sociedad hondureña», destacó.
Señaló que este miércoles sostuvo una reunión con la familia de Berta Cáceres y miembros del Copinh, quienes demandan que sea una «comisión independiente e internacional» la que investigue el crimen de la dirigente indígena, por lo que exhortó al Gobierno hondureño a analizar «muy de cerca» la petición.
Cáceres fue «un ejemplo de una mujer que jugó un rol inapreciable en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Hemos perdido una líder y no podemos permitir que esto se repita», enfatizó.
El diplomático Georg Andren dijo que se reunió también con el canciller hondureño, Arturo Corrales, quien le aseguró que las investigaciones en el crimen de Cáceres serán «independientes» y que el asesinato «no quedará impune».
Expresó también su «preocupación» por el caso del ciudadano mexicano Gustavo Castro Soto, único testigo del crimen de Cáceres, y pidió al Gobierno hondureño que le garantice una «protección amplia» y le permita salir del país centroamericano «lo más pronto posible».
El embajador cuestionó que el sistema judicial de Honduras, igual que en otros países, es «muy débil, falta institucionalidad, capacidad y, por ello, es difícil asegurar su independencia».
El diplomático sueco anunció que el próximo 12 de abril Suecia y ONU mujeres celebrarán en San Salvador un diálogo sobre «la articulación de mujeres y derechos de las mujeres en políticas de seguridad en el Triángulo Norte» de Centroamérica.