El índice de impunidad en homicidios en Honduras es de 87%; es decir, solamente 13 de cada 100 muertes violentas son investigadas, judicializadas y reciben sentencia condenatoria. Así lo establece un estudio realizado por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), que analizó la efectividad del Sistema de Administración de Justicia Penal para castigar el delito de homicidio durante el período comprendido entre los años 2010 y 2017.
Pese a que los resultados presentados no son los mejores, la APJ revela que sí hubo una mejoría respecto a cifras de años anteriores. El informe destaca una reducción en el índice de impunidad en homicidios de 96% en el año 2013 a 87% en 2017.
El reporte denominado “Segundo informe sobre la impunidad en homicidios” establece que el número de homicidios en Honduras pasó de 6,757 en el año 2013 a 3,866 en 2017, mientras que el número de sentencias condenatorias fue de 298 en 2013 a 491 en 2017. Una conclusión del informe establece que la reducción de la impunidad en homicidios se debe, entre otros factores, a una reducción sustancial del número de muertes violentas, la mejora en la calidad de los expedientes de investigación criminal y los requerimientos fiscales, y un incremento moderado de las sentencias condenatorias en los departamentos de Copán, Comayagua, Lempira y Choluteca.
Como punto comparativo se estable que en el período de análisis se registraron la mayor cantidad de homicidios (7,172) y la menor (3,866), respectivamente; esto equivale a una reducción en la tasa de homicidios, de 85.5 a 43.6 por cada 100 mil habitantes. Ese fue un factor determinante para reducir el índice de impunidad en homicidios en Honduras.
Omar Edgardo Rivera, director de Incidencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), indicó que es importante reconocer el avance, no obstante “habrá que dejar en claro que el factor más importante para reducir la impunidad en homicidios en estos últimos años ha sido el descenso en muertes violentas, pues la efectividad del sistema para sancionar judicialmente a quien comete el delito aún no ha desarrollado su capacidad institucional para dar el salto cuantitativo y cualitativo que se requiere”.
“Apenas se judicializa el 24% de los homicidios y únicamente se sanciona al 13%, eso es inaceptable; está claro que se han mejorado las cifras en los últimos años, pero no es suficiente”, manifestó. A la vez, Rivera Pacheco demandó la asignación de mayor cantidad de recursos a los unidades policiales, fiscalías especializadas y organismos judiciales “para que mejoren la calidad de servicios y la eficiencia en el desempeño”.
Asimismo, el director ejecutivo de la ASJ y representante de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, Carlos Alberto Hernández Martínez, expresó que “es necesario fortalecer la institucionalidad en materia de investigación criminal y las capacidades profesionales del recurso humano que labora en ellas, especialmente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)”. Agregó que “de la calidad de los expedientes de investigación dependerá la calidad de los requerimientos fiscales a ser presentados y de la calidad de los requerimientos presentados, dependerá el éxito en el juicio en contra de quienes cometieron el delito de homicidios”.
De la mismo forma, Hernández Martínez, puso en relieve que el documento presentado por la APJ revelaba que los más alto índices de impunidad en homicidios se dan en los departamentos en donde históricamente el narcotráfico ha operado, por lo que se deben tomar medidas extraordinarias en esa región del país; “los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara son los que más elevada tasa de impunidad tienen; ahí habrá que poner empeño y fortalecer la presencia de policías, agentes de investigación, fiscales, jueces y magistrados”, apuntó.
El análisis recoge datos registrados por la Unidad de Estadística del Centro de Documentación e Información Judicial (CEDIJ) del Poder Judicial y los boletines nacionales del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), así como mediciones internacionales como el Índice Global de Paz del Instituto para la Economía y la Paz y el Informe Latinobarómetro 2018.
La APJ recomienda en su informe, a fin de reducir la enorme tasa de impunidad en muertes violentas que impera en el país, fortalecer al Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial, así como las unidades de investigación criminal, a fin de lograr ampliar la cobertura de sus servicios y mejorar resultados. Del mismo modo, se propone diversificar las acciones para enfrentar la violencia en el país ejecutando, no solamente operativos que repriman el delito, sino que lo prevengan. Finalmente, la plataforma ciudadana plantea mejorar la coordinación, articulación y complementariedad de los organismos que pertenecen al Sistema de Administración de Justicia Penal y promover la implementación de estrategias interinstitucionales focalizada en poner en práctica los juicios expeditos para delitos de flagrancia.