Los migrantes que deseen solicitar asilo en Estados Unidos en la frontera con México ya no serán puestos en libertad en Estados Unidos, sino que serán forzados a esperar en México, de acuerdo con una política anunciada el jueves que representa una de las medidas más significativas del presidente Donald Trump para reformar el sistema inmigratorio.
La medida es una respuesta agresiva a un gran y creciente número de migrantes centroamericanos que busca asilo, muchos de ellos en familia, que suelen ser puestos en libertad en Estados Unidos mientras sus casos pasan lentamente por las saturadas cortes de inmigración. No aplica a niños que viajan solos ni a mexicanos en busca de asilo.
Los gobiernos de México y Estados Unidos dijeron que era una medida unilateral del gobierno de Donald Trump, pero el anuncio se hizo dos días después de que Estados Unidos se comprometiera a dar 10.600 millones de dólares para ayudar a que la gente en Centroamérica y el sur de México se sienta menos forzada a huir. Los opositores, incluidos algunos expertos en leyes, dijeron que los migrantes no estarían seguros en las ciudades fronterizas mexicanas, y que Estados Unidos abandonaba ilegalmente su rol humanitario, lo que deja entrever que habrá impugnaciones legales en un contexto de reveses previos de la corte para Trump en materia de inmigración.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió su cargo el 1 de diciembre, dijo que los extranjeros tendrán permiso de permanecer en México por razones humanitarias y de manera temporal después de recibir un citatorio para la corte inmigratoria de Estados Unidos y podrán tramitar permisos de trabajo.
Los solicitantes de asilo que pasen una revisión inicial en Estados Unidos _cerca de tres de cada cuatro la pasan_ suelen esperar años antes de que se resuelvan sus casos, permitiéndoles echar raíces en Estados Unidos. A muchos les colocan localizadores en el tobillo.
Las autoridades dicen que muchos burlan el sistema y hacen declaraciones falsas para poder permanecer en Estados Unidos. Aunque la mayoría pasa la primera revisión, con el tiempo sólo un 9% recibe asilo.
“No podrán desaparecer en territorio estadounidense”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, el jueves ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes. “Tendrán que esperar. Si un juez les otorga el asilo, serán bienvenidos a Estados Unidos. Si no, tendrán que regresar a sus países”.
Nielsen expresó en un comunicado que la medida “además nos permitirá prestar más atención a aquellos que realmente están huyendo de la persecución”.
Si bien ha disminuido notablemente la cantidad de inmigrantes detenidos en la frontera desde principios de la década de los 2000, las autoridades estadounidenses en años recientes han tenido que lidiar con un aumento en la llegada de familias o menores que viajan solos, sobre todo de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Las autoridades fronterizas estadounidenses registraron 92.959 declaraciones de “temor creíble”, el primer paso para solicitar asilo, en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, un aumento de 67% comparado con las 55.584 del año previo.
Funcionarios estadounidenses dijeron que las reformas se implementarán de forma gradual a lo largo de la frontera. Muchos detalles no se han solucionado o no se han develado.
Funcionaros de Estados Unidos dijeron que el gobierno de México permitirá que las personas en busca de asilo tengan acceso a abogados inmigratorios de Estados Unidos, pero no queda claro en dónde se reunirán los abogados con sus clientes. Se les permitirá entrar a Estados Unidos para comparecer ante la corte.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que los extranjeros podrán salir del país y volver a entrar mientras esperan que Estados Unidos tome una decisión en sus casos de asilo.
“Tendrán derecho a un trato igualitario sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos, así como la oportunidad de solicitar un permiso para trabajar a cambio de una remuneración, lo que les permitirá solventar sus necesidades básicas”, dijo la SRE en un comunicado.
Forzar a miles de migrantes a permanecer en México, posiblemente durante años, pondrá la vida de muchos en riesgo, dijo Jennifer Harbury, abogada del sur de Texas y defensora de derechos humanos.
Algunas partes del norte de México, sobre todo a lo largo de Texas, son consideradas muy peligrosas debido a la violencia y narcotráfico. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha advertido a los ciudadanos estadounidenses que no viajen al estado mexicano de Tamaulipas, limítrofe con las ciudades texanas de McAllen y Brownsville.
“Darles comida o autorización para trabajar no los protege de los cárteles o de la zona de guerra a la que serán enviados”, dijo Harbury. “Si México pudiera protegerlos, protegería a sus propios ciudadanos, y no puede”.
Los abogados inmigratorios cuestionaron la legalidad de la medida.
“Este acuerdo es una clara violación a la ley internacional, contraviene varias leyes de Estados Unidos aprobadas por el Congreso y es una respuesta insensible a las familias e individuos que huyen por sus vidas”, dijo Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. “El resultado final podría poner en riesgo a miles de familias e individuos que buscan protección”.
El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) Lee Gelernt, quien ha ganado importantes batallas legales contra las políticas de Trump sobre el asilo y su práctica de separar familias, dijo que el plan no puede hacerse legalmente.
El mes pasado, Trump invocó sus poderes de seguridad nacional para negar asilo a cualquier que cruce la frontera sin autorización, pero un juez frenó ese cambio mientras se resuelve una
demanda. Otro juez también frenó las restricción sobre quién podía solicitar asilo, permitiendo otra vez que las víctimas de violencia doméstica o de pandillas hicieran la petición.
La decisión del jueves es la más reciente muestra de una extraña relación entre López Obrador, un izquierdista y nacionalista, y Trump. Las conversaciones entre ambos países comenzaron mucho antes de que López Obrador tomara el mando.
Trump dio crédito a López Obrador por ayudar a impulsar las negociaciones de libre comercio, y López Obrador elogió a Estados Unidos por el acuerdo de 10.600 millones de dólares para desarrollo.
Los expertos en México dudan que López Obrador enfrente alguna repercusión por la medida.
“No son concesiones humillantes, son bastante razonables”, dijo Federico Estévez, un profesor de ciencias políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México. “López Obrador podrá absorber el costo, pero es un precio relativamente pequeño para sacar el cuello de la soga en el tema inmigratorio”.
Estévez mencionó que surgió un sentimiento antinmigrante en la frontera norteña, sobre todo en Tijuana, en donde las caravanas estaban varadas.
“No creo que puedas encontrar en el lado mexicano una postura coherente contra estas tres concesiones”, dijo Estévez. “No creo que tengas un fuerte electorado en este lado” a favor de los migrantes centroamericanos.-AP