El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó una resolución de sobreseimiento definitivo para cinco exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes estaban bajo acusación por el delito de prevaricato judicial. La medida beneficiará a los exmagistrados Lidia Álvarez, Jorge Alberto Zelaya, Edwin Francisco Ortez, Reina Auxiliadora Hércules y Jorge Serrano, quienes habían sido señalados en un caso de fraude judicial.
La decisión fue tomada este lunes, después de una audiencia inicial en la que el juez determinó que no había elementos suficientes para continuar con el proceso en su contra. Esta resolución deja en claro que no se seguirán adelante las acusaciones, al menos en el ámbito de este juzgado.
Bárbara Castillo, vocera de los Juzgados en Circuito de Criminalidad Organizada, precisó que, aunque se haya dictado el sobreseimiento definitivo, el Ministerio Público tiene la opción de interponer un recurso de apelación, lo que podría dar lugar a nuevas acciones legales si se considera pertinente.
El caso se originó a partir de un requerimiento fiscal que señala que los exmagistrados, en su calidad de miembros de la Sala Constitucional, tomaron decisiones judiciales que favorecieron irregularmente a un grupo, nombrando un juez ejecutor a pesar de una sentencia de amparo favorable al sindicato de docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La acusación sostiene que esta resolución favoreció a ciertos implicados, permitiéndoles realizar maniobras fraudulentas mediante resoluciones arbitrarias.
El fraude habría provocado un perjuicio económico cercano a los 80 millones de lempiras, con fondos que, según la acusación, fueron transferidos a cuentas personales de los involucrados. Además de los exmagistrados, también están acusados el juez ejecutor Germán Ubaldo Flores Matamoros y Carlos Manuel López Lizardo, presidente del sindicato de docentes de la UNAH, entre otros.
Este caso sigue siendo monitoreado por las autoridades, y la posibilidad de apelación mantiene abierta la puerta para que se continúen con los procedimientos judiciales.