El apoderado legal de los presuntos afectados, Salomón Amador, señaló que la empresa maderera utilizó a personas, cuyos ancestros vendieron sus tierras, para presentar una querella contra los nuevos propietarios.
En primera instancia, la jueza de la Alcaldía Municipal de Distrito Central, AMDC, Marta Carvajal, denegó el escrito, sin embargo, posteriormente lo admitió tras presuntamente llegar a un acuerdo con la empresa.
«Haciendo un fraude a la ley ha aceptado una prueba pericial de carácter civil para que estas personas sean condenadas y en un desalojo puedan quitarle la propiedad a mi representado, que se hicieron dueñas de estas tierras», explicó.
Salomón señaló que la jueza de la AMDC sería denunciada por su cliente por el delito de prevaricato si continúa con su alianza con la empresa, lo que supondría una nueva demanda contra el Estado.
«No es posible que Catastro emitió hace 10 años un dictamen pericial donde la posesión de mi representado está en el lugar y ahora cambian la línea divisora (…) vamos a entablar las acciones legales contra personal judicial, Catastro y comuneros», finalizó.