La afamada “Plataforma de Gestión por Resultados” debió dar su primer informe a los 100 días, pero se ha convertido en otra promesa incumplida, al igual que el denominado “proceso de reingeniería”
En el curso de la pasada campaña electoral, el entonces candidato presidencial nacionalista, Juan Orlando Hernández, prometió aplicar una rigurosa evaluación de sus principales funcionarios que generaría los primeros frutos a los 1OO días de su gobierno.
Sin embargo, a fines de julio se cumplieron seis meses (180 días) de mandato del presente régimen y la publicitada “Plataforma de Gestión por Resultados”
ha quedado reducida, hasta la fecha, a otro planteamiento ilusorio del presidente Hernández.
¿ EN QUÉ DEBIÓ CONSISTIR ?
El actual gobernante no solo insistió en su proyecto durante la campaña, sino que para no dejar lugar a dudas en su discurso de toma de posesión, el 27 de enero, se comprometió a construir “un Estado eficaz y un gobierno pequeño, honrado, eficiente y austero con servidores públicos honestos, activos y capaces de realizar su gestión en función de resultados”.
Todo indicaba que el asunto iba en serio, tanto así que a solo 12 días de asumir el puesto, el mandatario cargó con todos sus principales funcionarios a sus dominios de Gracias, Lempira, para someterlos a una rigurosa jornada de introducción sobre la implementación del tan llevado y traído esquema de Gestión por Resultados.
Según lo dicho por la ministra de Comunicaciones y Estrategias, Hilda Hernández, se trató de “una encerrona de 48 horas sin acceso a celulares ni internet en la cual se explicó a los funcionarios que permanentemente serán evaluados en base a logros y que solo así podrán conservar sus
cargos”.
En teoría, el plan de JOH consiste en “el establecimiento de un proceso de articulación de las instituciones del Estado, a fin de que todo el gobierno funcione como un aceitado engranaje”.
Ese proceso comprendería desde la ejecución de los recursos asignados a cada institución en tiempo y forma, hasta el impacto de las medidas adoptadas por el gobierno en beneficio de la población.
Con una vehemencia que convenció a no pocos hondureños, Hernández advirtió en la campaña proselitista de 2013: “No toleraré funcionarios haraganes, incompetentes o corruptos y todo aquel que no ofrezca resultados en la medición que se le haga, será destituido de inmediato”.
Refiriéndose a esa afirmación, el dirigente de oposición Rasell Tomé comentó a comienzos de febrero pasado: “Si Juan Orlando cumple con esa promesa, se arriesga a concluir su mandato con la sola compañía de su esposa, de su hermana Hilda y de un puñado de colaboradores”.
UNA “REINGENIERÍA” A MEDIAS
Utilizando el mismo concepto frustrado de que echó mano el ex-presidente Carlos Flores Facussé 13 años atrás, Hernández inició su gobierno con un proceso de “reingeniería” que no fue otra cosa que cerrar y fusionar algunas instituciones, cambiarles el nombre a otras y crear un Ministerio General de Gobierno que tiene adscritos siete ministerios sectoriales.
El propósito primario de la presunta “reingeniería” era lograr un ahorro en el gasto público de al menos 4,000 millones de lempiras, según se anunció. Pero ya en abril el ministro de Finanzas y coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tabora, redujo esa expectativa a 1,500 millones en el presente año fiscal y prometió a la vez que para junio se tendría la primera evaluación. Sin embargo, ese objetivo tampoco se cumplió.
Hasta el momento la “reingeniería” del “Gobierno de la Vida Mejor” se ha quedado en otra simple “buena intención”, porque muchos de los funcionarios no se adaptan ni quieren entender el proceso. A otros no les da la gana adecuarse al esquema por soberbia o celos políticos, ya que dicen obedecer al Presidente de la República y no le hacen caso al Coordinador del Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro.
La mejor prueba de que la cacaraqueada “reingeniería” ha sido más palabrerío que realidades, es lo dicho por Hernández Alcerro el 19 de julio en Gracias en ocasión del llamado “Primer Gabinete Popular”: “…yo dedico la mayor parte de mi tiempo a andar recogiendo a las ovejas descarriadas…” Y cuando se le pidió que detallara las fallas del proceso, se limitó a evadir el tema y, en cambio, pidió tiempo para solucionarlas.
La modesta cosecha de resultados se ha reflejado también en la discreta opinión del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, para quien el Gabinete de Gobierno “ha realizado un trabajo aceptable, dado que hay hechos que no están al alcance de los funcionarios, por lo que es al presidente Hernández a quien le toca marcar el paso a los funcionarios”.
INCUMPLEN Y NO SON DESTITUÍDOS
Si el presidente Hernández hubiera cumplido siquiera a medias su promesa de destituir a los funcionarios incompetentes, no menos de una docena de ellos ya estuvieran fuera del gobierno.
Hubiese empezado por Hernández Alcerro, incapaz de poner en su sitio a los funcionarios indolentes, a quienes se conforma con llamar “ovejas descarriadas” en tono benigno.
El caso más escandaloso es el del ministro de Desarrollo Económico, Alden Rivera, el mismo que fracasó en su gestión de importar combustibles desde Azerbaiyán en dos oportunidades; el mismo que ha convertido en el hazme reír a JOH ante la opinión pública por la desastrosa compra de frijoles desde Etiopia y el cuento chino del “barquito perdido”; el mismo que escurre el bulto a sus deberes, de tal suerte que el empresario ceibeño Winston Cálix denunció (HRN, 1/8/14) que Rivera se ha negado a responderle más de 60 llamadas y 35 mensajes para tratar el asunto del proyecto del estero de aquella
ciudad.
Más grave es la situación que se produce con el ministro de Seguridad, Arturo Corrales, quien recurre a la mentira y la manipulación de cifras a fin de tratar de justificar su incompetencia para combatir con efectividad la imparable ola de violencia, las fugas carcelarias, la extorsión, la corrupción y los abusos policiales, los crímenes de las maras, el narcomenudeo y la masiva emigración de niños hacia los Estados Unidos.
Otro que debería haber sido separado del cargo es el comandante de la FUSINA, coronel German Alfaro, por no haber capturado a Mario Zelaya desde hace mucho tiempo.
LA LISTA ES EXTENSA
También deberían estar fuera de la alta burocracia estatal la directora del INJUPEMP, Martha Doblado, por todas sus arbitrariedades; las ineficientes autoridades de Hondutel; la ministra de Salud, Yolany Batres, y los directores de los hospitales públicos y el responsable de Transporte Giovanni Dubón.
Igualmente el ministro del Interior, Rigoberto Chang Castillo, por no ejercer control sobre los “narco-alcaldes” y no frenar la proliferación de ONGs; la titular de la DEI, Miriam Guzmán, por incumplir las metas de recaudación y el ministro de Finanzas por su ineficiencia para implementar el Sistema Integrado de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública y atrasar el proceso de subasta de los vehículos de lujo de los funcionarios.
La lista anterior se queda corta, porque son muchos más los funcionarios del actual gobierno que “no han dado el ancho” y, sin embargo, continúan agazapados en sus cargos.
EL GOBIERNO SE “MILITARIZA”
De lo que no queda lugar a dudas es que, al menos hasta el presente, al presidente Hernández no le ha funcionado su sofisticada “Plataforma de Gestión por Resultados” ni el “proceso de reingeniería” . Cada vez depende más de los militares para que le saquen las castañas del fuego en distintos campos de la administración pública.
Nos ha obsequiado a los hondureños con la masificación del Wi-Fi en las plazas públicas, pero no ha podido garantizarle al pueblo el suministro de frijoles a precios accesibles y la “fiesta” de los criminales que prometió acabar, se ha vuelto más atronadora que nunca.
En medio de toda la profunda e interminable crisis, sin embargo, la administración de JOH merece el beneficio de la duda porque, como dijo Karla Kuban, “sin oscuridad no habría sueños”. Así sea.