La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, presentó los resultados del monitoreo del desempeño realizado a las instituciones públicas claves, en el marco del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad suscrito con el Gobierno de Honduras.
Entre los resultados destaca un incremento de 33% a 63% en el cumplimiento de la normativa en adquisiciones y gestión de recursos humanos, lo que a criterio de los representantes de esa organización de la sociedad civil es un avance importante, aunque insuficiente para garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos estatales y la prestación de servicios públicos de calidad.
El Convenio fue firmado en octubre de 2014, como una iniciativa de la ASJ para contribuir a mejorar el desempeño de las instituciones públicas y promover servicios que respondan a las necesidades de la ciudadanía, proveyendo información confiable y oportuna, a través de monitoreo y auditoría social en procesos claves, incidencia en políticas públicas y mejores procesos.
Con apoyo de la Cuenta de Desafío del Milenio (MCA-Honduras), la ASJ logró implementar el Convenio con el Gobierno de Honduras bajo el compromiso estatal de proveer información requerida para evaluar el cumplimiento de las normativas y buenas prácticas en instituciones de los sistemas públicos de seguridad, salud, educación, infraestructura, gestión tributaria y los entes normativos y de control del sector transparencia, en los ejes de: Compras y Contrataciones, Gestión de Recursos Humanos y Confiabilidad de Resultados.
A la fecha, la ASJ ha realizado bajo una metodología avalada por TI: 27 evaluaciones de desempeño, nueve informes de avances en planes de mejora, 11 asistencias técnicas, 22 veedurías y 15 estudios.
El análisis de los hallazgos reveló para el eje de Compras y Contrataciones, deficiencias en la etapa de planificación de las adquisiciones, así como en la evaluación de ofertas y expedientes incompletos.
En la Gestión de recursos humanos, se identificaron procesos de contratación de personal con altos índices de discrecionalidad, inexistencia de sistemas de evaluaciones de desempeño para los empleados públicos y de controles de elaboración de planillas.
Mientras en el eje de Confiabilidad de resultados, las instituciones reflejan que no hay una cultura de cumplimiento ni de transparencia y poca integración de sistemas de información.
La ASJ emitió en su momento una serie de recomendaciones para corregir estas debilidades mismas que sirvieron para que las instituciones gubernamentales diseñaran y ejecutaran estrategias de reforma institucional, cumplimiento de la Ley y corrección en las malas prácticas. En total, a través del proceso de seguimiento y monitoreo se logró verificar la implementación de 158
mejoras en las instituciones; las más relevantes enfocadas en el fortalecimiento de la transparencia, rendición de cuentas y el buen gobierno.
Cabe destacar que el promedio de resultados de las evaluaciones Línea de base fue de 33%, se incrementó a 57% en la segunda evaluación y a 63% en la tercera.
Además, la ASJ desarrolló la capacitación y asistencia técnica para la auditoría social en instituciones públicas con la participación de 15 organizaciones de sociedad civil (OSC), las cuales han puesto en marcha veedurías en seis ciudades del país.
Sumado a esto, los casos de irregularidades identificados en los procesos de evaluación fueron documentados y remitidos de forma oficial al Ministerio Público (MP), la entidad encargada del proceso de investigación y derivación de responsabilidades.