Amable de Jesús Hernández, integrante de la interventora, indicó que más de 8 mil de dichos cargos otorgados impactaron en el presupuesto de la Secretaría de Salud con una sobrevaloración del 25%.
En ese sentido, detalló que entre los nombramientos hay médicos, enfermeras, pero también personal por activismo político en puestos que no eran necesario.
«No pudieron darle nombramiento en 12 años, sino que esperaron diciembre de 2021 y enero de 2022 para darlos y dejaron otros tantos en curso. Se manejó el Estado como si fuera una hacienda particular», manifestó.
El miembro del ente técnico indicó que es necesario terminar la operación de la dirección dentro del Gobierno central y crear una nueva institución desconcentrada que la sustituya. Además, hacer un estudio de todos los empleados contratados.
«Nuestra óptica es que se eleve el rango de la Dirección General de Servicio Civil, que se saque del ministerio de la Presidencia y se convierta en un órgano desconcentrado (con dependencia de la Presidencia)», detalló.
«Además hemos ordenado una auditoría de todo el proceso de funcionalidad que ha tenido la Dirección General de Servicio Civil en cuanto a tema de nombramientos», externó.
En tal sentido, Hernández indicó que el informe con recomendaciones ya fue enviado a la presidenta Xiomara Castro, quien tendrá la última palabra sobre el futuro de la institución.