La violencia contra defensores de la tierra en el Bajo Aguán, en el Caribe hondureño, se agudizó este año con el asesinato de siete líderes en medio de un conflicto agrario en la zona, denunció este miércoles la Coalición contra la Impunidad en Honduras.
«En la zona los defensores y defensoras viven en una constante situación de riesgo impulsada por grupos agroindustriales y crimen organizado», indicó la Coalición contra la Impunidad tras anunciar una Misión de Observación y Solidaridad al Bajo Aguán.
En el Bajo Aguán «hay decenas de asesinatos de campesinos en la última década que permanecen en la impunidad», a pesar de las medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la «constante negligencia en las investigaciones» por parte del Ministerio Público.
En una rueda de prensa, Gilda Rivera, representante del organismo, dijo que la Misión de Observación «no va a disminuir las condiciones de violencia, de represión, de criminalización a las cuales ustedes (defensores) se están enfrentando cotidianamente».
La Coalición registra el asesinato de siete defensores de la tierra en el Bajo Aguán durante el primer trimestre de 2023.
El objetivo de la Misión es identificar, denunciar y visibilizar las violaciones de derechos humanos en la zona y recopilar información que permita sistematizar la situación de los defensores.
En febrero de 2022, organizaciones campesinas integradas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) firmaron un convenio con el Gobierno para garantizar su derecho a la recuperación de la tierra y buscar una solución definitiva al conflicto agrario en Bajo Aguán, señaló.
No obstante, el acuerdo «se ha incumplido y recae en la obligación que adquirió el Gobierno en el numeral 2 que estipula la conformación de una comisión tripartita con las obligaciones de investigar, determinar e instalar un mecanismo de investigación, seguimiento y reparación de las violaciones a derechos humanos», explicó Rivera.
La Coalición, que aglutina a 53 organizaciones de derechos humanos y sociedad civil, destacó que la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) urgieron al Estado hondureño a investigar diligentemente estos hechos.