El precandidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, señaló este jueves que el trabajo del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido seriamente afectado por intervenciones de personas con poder en el gobierno, incluyendo a quienes dirigen al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social “X”, Nasralla criticó las decisiones tomadas por el gobierno en relación al proceso electoral y reiteró sus advertencias previas sobre los conflictos de interés.
Nasralla recordó que en 2024 había alertado sobre los riesgos de que el alto cargo de la Secretaría de Defensa, que además ostenta aspiraciones presidenciales, fuera nombrado como jefe superior de las Fuerzas Armadas, encargadas de supervisar el proceso electoral. El precandidato afirmó que este nombramiento violaba la Ley Electoral y el artículo 240, numeral 3 de la Constitución de la República. “Debieron entender lo que advertimos en 2024, que este nombramiento violaba tanto la Constitución como la ley electoral”, subrayó Nasralla.
A pesar de las críticas a la intervención de altos mandos en el proceso electoral, Nasralla destacó que los consejeros del CNE, en particular Ana Paola Hall, no deben ser responsables por los incidentes ocurridos durante las elecciones primarias. En su mensaje, agradeció el esfuerzo realizado por la consejera Hall, quien según él, enfrentó sabotajes durante el proceso electoral, los cuales fueron promovidos por fuerzas extranjeras.
«Quiero reconocer el trabajo de Ana Paola Hall durante las elecciones primarias, cuando se enfrentó a sabotajes promovidos por fuerzas externas. A pesar de las dificultades, ella mostró su compromiso con el proceso», expresó Nasralla.
En paralelo, Ana Paola Hall, consejera del CNE, había denunciado previamente que se estaba intentando culpar al órgano electoral por los incidentes ocurridos el 9 de marzo, lo cual, según Hall, era injusto e irresponsable.
Nasralla cerró su mensaje reiterando la importancia de proteger la transparencia del proceso electoral y la necesidad de que las autoridades respeten la ley para evitar manipulaciones que puedan socavar la confianza pública en el sistema electoral.