La conflictividad social se sigue haciendo presente en el escenario del gobierno del bicentenario de la presidenta Xiomara Castro, siendo las carteras de Salud y Educación, las más agitadas, por las demandas de empleo, las denuncias de corrupción y el retorno de las interventoras para sanear las finanzas.
La puerta había sido abierta, luego vinieron otros docentes exigiendo lo mismo, mientras desde la Secretaría de Finanzas, la titular del ramo, Rixi Moncada, denunciaba en casa de gobierno que el país estaba con las cifras en rojo, que les habían dejado un presupuesto irreal, que las finanzas fueron saqueadas y deben recurrir a nueva deuda vía préstamos.
Pero la conflictividad social en Salud y Educación no solo se ha centrado en el tema de la contratación de personal, el pago pendiente y la apertura de nuevas plazas, también en las denuncias de corrupción y de presuntas irregularidades. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en uno de sus últimos reportes a una veeduria social hecha a la Secretaría de Salud, reveló haber encontrado irregularidades en los nombramientos del personal sanitario de primera línea, acuerdos incompletos y falta de rendición de cuentas.
Desde que asumió el poder, hace un poco más de un mes, la administración de la mandataria hondureña ha estado atomizada por el agite social, donde las mayores protestas se han hecho sentir en el área de la salud ante el reclamo del personal que ha trabajado en primera línea en la lucha contra el COVID-19 por el otorgamiento de plazas y contratos.
El personal sanitario desde que inició el gobierno y se nombró al titular de Salud no ha dejado de protestar y reclamar, ha realizado paros graduales, tomas de instalaciones y reclamos públicos, ante un ministro que de entrada les dijo: no me pidan trabajo, no tengo dinero.
El titular de la cartera sanitaria, Manuel Matheu, en una comparecencia en el Congreso Nacional dijo que había encontrado en Salud “una porqueriza”, además de estar amarrado con 16 mil nuevas plazas de trabajo dejadas pendientes por el último gobierno. Matheu dijo que la “magia” no era su especialidad y que tiene un déficit presupuestario de más de seis mil millones de lempiras.
Dijo que no podía hacer despidos masivos porque implicaría demandas contra el Estado que ganarían los empleados despedidos, explicando el por qué no puede generar plazas de trabajo, tras recalcar que no tiene dinero para pagar ni a los empleados permanentes ni a los nuevos que les dejó el gobierno pasado, tampoco para adquirir pruebas de PCR para la pandemia. “Ando pidiendo”, acotó Matheu.
