La reciente inauguración de la pavimentación de la carretera entre Danlí y Patuca por parte de la ministra de Defensa y precandidata presidencial, Rixi Moncada, representa un claro abuso de poder y una flagrante violación de la ética política. Es inaceptable que una funcionaria en funciones utilice su cargo para promocionar su candidatura mientras despliega recursos del Estado en eventos que benefician su imagen.
Este proyecto, que abarca 60.6 kilómetros y se presenta como un logro del gobierno, se convierte en una herramienta de campaña para Moncada, quien, al hacer uso de fondos públicos, está manipulando el proceso electoral en su favor. La utilización de recursos estatales para fines políticos es un acto que no solo cuestiona la legalidad de sus acciones, sino que también atenta contra la equidad en el ámbito electoral.
Moncada argumentó que, a pesar de la crítica situación financiera heredada de la administración anterior, logró asegurar los fondos para esta obra. Sin embargo, esto no justifica el uso de su posición para inaugurar proyectos que, en realidad, deberían ser considerados como parte de las obligaciones del gobierno, y no como plataformas políticas. Este tipo de actos socavan la confianza pública y refuerzan la percepción de que el gobierno actual está más interesado en consolidar poder que en servir a la ciudadanía.
Es evidente que la inauguración de esta carretera no es más que un intento de capitalizar políticamente sobre logros que, en última instancia, son responsabilidad del Estado y no de una campaña individual. La ministra ha prometido continuar con otros tramos de carretera, lo que solo refuerza la sospecha de que su enfoque se centra más en su ambición personal que en el bienestar de las comunidades que dice representar.
Desde este espacio, denunciamos con firmeza este uso indebido de recursos públicos y exigimos un compromiso real con la transparencia y la ética en la política. Es crucial que los ciudadanos estén alertas ante estas maniobras que buscan desvirtuar el proceso democrático, y que se mantenga un control riguroso sobre el uso de los fondos del Estado en épocas electorales. La política hondureña merece un cambio, y este tipo de actitudes solo perpetúa el ciclo de abuso y corrupción que tanto daño ha hecho al país.