El periodista y Director de los Noticieros Así Se Informa de Canal 36, Cholusat Sur, Esdras Amado López, se presenta ante los representantes de PEN Canadá, Brendan de Kaires y Dina Meza, PEN Honduras, para entregar la resolución de Conatel, mediante la cual amenazan con cerrar Canal 36 si continúa publicando casos de corrupción que se registran en la administración de Juan Orlando Hernández.
“Nos solidarizamos con Canal 36 por las agresiones e intolerancia tanto del Gobierno como de otros sectores, es una violación a los derechos humanos”, expresa la periodista, Wendy Fúnez, de la Comisión Investigadora de C-libre quien señala que “el periodista va hacia la verdad y con su propio estilo, lo que sucede con Canal 36 y por esto no debe existir ninguna intimidación”.
El Dirigente de Estudiantes de Periodismo, Félix Cesário, sostiene que “las amenazas de cierre contra Canal 36 deben llamar la atención de todos los estudiantes de periodismo, ante quienes queda un precedente nefasto con las actuaciones de Juan Orlando Hernández desde que era Presidente del Congreso Nacional, atentando contra los medios de comunicación”.
“En un país democrático deben permitirse los señalamientos y las criticas porque la autoridad debe respetar los Derechos Humanos, en los cuales se encuentra la libertad de expresión”, acusa Gladis Lanza del Movimiento Visitación Padilla, quien señala que “es incorrecto por parte del gobierno amenazar los medios de comunicación”, en referencia a las amenazas de cierre contra Canal 36 de parte del régimen de Juan Orlando Hernández.
El ex candidato presidencial, Salvador Nasralla, pregunta al mandatario hondureño por qué no se crea la Comisión Internacional para Combatir la Impunidad y la Corrupción, la cual funcionó bien en Guatemala, haciendo renunciar a la Vicepresidenta y está a punto de hacer renunciar al Presidente Otto Pérez Molina, porque “la comisión que nombró el Congreso Nacional puede descubrir pero no tomar medidas porque están bajo el mando de la presidencia y no sirve para nada porque el Ministerio Público trabaja con información reservada” y en el caso del fiscal Ramírez Aldana, señala Nasralla, “lo mandan a un puesto indiferente a lo que descubrió en el Seguro Social”.
