Las muertes violentas de activistas de territorios y defensores de derechos humanos es algo que alarma mucho a la experta Lucía Vigil del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) y la situación preocupa más cuando se trata de personas que previamente habían denunciado amenazas a muerte ante las autoridades e incluso contaban con medidas del sistema de protección.
«Es lamentable que a dos meses de este año ya se han registrado 7 muertes violentas y es complicado porque muchos de los implicados tenían incluso medidas de protección dadas incluso por la Corte Interamericana, pero luego dadas por el mecanismo de protección».
Para el representante de la sociedad civil Lester Ramírez hace falta voluntad política y señala que instancias como el mecanismo de protección operan con grandes deficiencias como falta de recursos y de capacidad instalada, no descarta la influencia negativa de intereses políticos.
«Primero es un tema de voluntad política, segundo uno de capacidad instalada y tercero muchas veces también estos mecanismos de protección tienen un tinte político también y hay que reconocerlo, lo hemos visto en otras esferas, especialmente en las esferas de la ayuda humanitaria para personas migrantes, tenemos que tener una política clara de protección del Estado», dijo Ramírez.