El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Santa Bárbara, presenta Requerimiento Fiscal contra cuatro personas a quienes considera responsables por la muerte de Magdaleno Meza Fúnez (conocido también como Nery Orlando López), hecho ocurrido el fin de semana en el presidio de Ilama, Santa Bárbara.
Los acusados son José Luis Orellana Canales, Víctor Manuel Pavón Prieto, Ricardo Adalid Martínez Argueta y Ricardo Antonio Gutiérrez García a quienes se les acusa por el delito de asesinato en perjuicio de Meza Fúnez, además se les acusa por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un privado de libertad y un custodio penitenciario. En el caso de José Luis Orellana Canales también se le señala del delito de uso ilegal de arma comercial; todas estos imputados son reclusos en el Centro Penal de máxima seguridad en llama.
De acuerdo a la relación de hechos, el asesinato de Magdaleno Meza se produjo el sábado anterior en uno de los módulos de máxima seguridad de este centro penal. Todo sucedió cuando el director de la cárcel daba información al ahora fallecido y se dio la orden de abrir uno de los portones, desde donde salió el imputado José Luis Orellana Canales con una pistola disparando sobre la humanidad de Meza, posteriormente Víctor Manuel Pavón Prieto, Ricardo Adalid Martínez Argueta y Ricardo Antonio Gutiérrez García armados con cuchillos intimidaron al director y a los custodios y luego infirieron una serie de heridas al ofendido.
Cabe mencionar que producto de múltiples disparos también resultaron heridos uno de los privados de libertad que estaba en ese momento y un policía militar. Los fiscales de este caso piden que todos los testigos del caso rindan su declaración anticipada en una Cámara de Gesell y no se descarta que se emitan nuevos requerimientos contra otros presuntos implicados en este asesinato.
Con todos los elementos probatorios allegados en legal y debida forma a través de las actuaciones realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se considera que hay suficientes indicios por lo que se solicita además a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario poner a disposición a los acusados para llevar a cabo las respectivas audiencias de imputado.