La remoción de la jueza Alina Cuadrado del conocimiento de una causa que tiene en conflicto a la Empresa Energía Honduras (EEH) y el Banco Ficohsa por más de cuatro mil millones de lempiras, continúa generando preocupación por el impacto negativo que puede tener la designación antojadiza de los impartidores de justicia en los casos.
De acuerdo al abogado penalista Marco Zelaya, si la determinación no está justificada se violentan las normas internas del Poder Judicial y esto va en detrimento de los intereses de las partes involucradas ya que se puede dar un fallo que lejos de estar apegado a derecho, busque favorecer a alguna de ellas.
Por la suspicacia que se cierne sobre la destitución de la jueza, la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción está obligada a abrir un expediente investigativo para determinar los móviles o causas de la decisión.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, no puede alegar ignorancia de los procedimientos que son apegados a ley en el Poder Judicial, por lo que de haber infringido esas normas, habría violentado abierta y premeditadamente sus responsabilidades.
La separación de esta togada representa un zarpazo a la justicia hondureña y despierta suspicacia al desconocerse si la acción se dio para favorecer los intereses de le EEH, el Banco Ficohsa u otros.