La reciente aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras ha generado un profundo malestar en diversos sectores de la sociedad, en particular entre los pacientes renales. Una de las decisiones más preocupantes fue la reducción de 100 millones de lempiras destinados al tratamiento de los pacientes renales, un recorte que pone en riesgo la vida de cientos de hondureños que dependen de estos fondos para su tratamiento médico.
José Nolasco, representante de la Asociación de Pacientes Renales, capítulo norte, expresó su grave preocupación por este ajuste presupuestario. «Estamos muy preocupados por la reducción de este presupuesto. Mensualmente se diagnostican 25 nuevos pacientes y con este recorte, el impacto será catastrófico», indicó Nolasco, resaltando la grave crisis de salud que enfrentan los pacientes renales.
La ministra de Salud, Carla Paredes, ha sido instada a tomar medidas inmediatas para mitigar los efectos de esta reducción, especialmente porque, según Nolasco, ya con el presupuesto anterior se enfrentaban serias dificultades. «Incluso hubo fallecimientos de compañeros debido a la falta de recursos. Ahora nos indigna que hayan quitado más fondos para los pacientes renales», expresó el representante, quien señaló la falta de priorización del sector salud por parte del gobierno de Xiomara Castro.
El panorama es desolador para los pacientes renales, que se sienten desatendidos y olvidados por un gobierno que ha sido incapaz de asegurar los recursos necesarios para garantizar su salud. A pesar de las crecientes quejas y protestas de los afectados, el gobierno ha mostrado indiferencia ante el reclamo de este sector vulnerable, lo que ha intensificado el descontento social.
El presupuesto fue aprobado en una sesión nocturna del Congreso Nacional, lo que ha sido ampliamente criticado por la falta de transparencia y de debate abierto en torno a las prioridades del gasto público. Mientras se recortan fondos para áreas clave como la salud, se han incrementado partidas como la confidencialidad y se ha duplicado el presupuesto de la Secretaría de Planificación, lo que ha generado aún más desconfianza en la ciudadanía.
La falta de inversión social y el desdén hacia los sectores más vulnerables se han convertido en una constante en el actual gobierno, lo que alimenta las críticas sobre la ineficiencia y desconexión de la administración de Xiomara Castro con las necesidades reales de la población. En este contexto, la comunidad de pacientes renales ha dejado claro que seguirá luchando por su derecho a la vida, continuando con sus manifestaciones y exigencias para que se revierta esta decisión gubernamental.